Las negociaciones para formar un nuevo Gobierno en Cataluña tendrán a ERC como el eje que intentará equilibrar las propuestas más radicales de sus socios. Junts, la formación liderada por el expresident prófugo Carles Puigdemont, quiere que el nuevo Ejecutivo reconozca que la independencia unilateral es una opción. Los anticapitalistas de la CUP exigirán, según indica su programa electoral, medidas extremas en lo económico pero también en la gestión de la policía. Los tres partidos tienen dos semanas para pactar un Gabinete presidido por el republicano Pere Aragonès.
El 26 de marzo es la fecha en la que el Parlamento autónomo debe votar la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Una de las cuestiones clave será dilucidar si la CUP está dispuesta a formar parte del Gobierno o se limitará a dar apoyo a este desde su grupo parlamentario. En caso de acuerdo, la decisión final de la formación de la extrema izquierda la tomará la militancia en asamblea. Los mensajes emitidos desde la CUP en el último mes indican que lo más probable es que no se sume a un Ejecutivo tripartito.
Todo apunta a que ERC y Junts tendrán que revalidar así su bipartito. Pero antes deberán limar diferencias sustanciales que aparecen como compromisos en sus respectivos programas. Estos son algunos de ellos:
Junts presiona para abordar de qué manera debería el Govern reconocer que, como Puigdemont defiende, la unilateralidad es una alternativa legítima para separarse de España. “Si no funciona la negociación [con el Gobierno central] hay que continuar avanzando y encontrar otras vías. Nosotros ya las hemos propuesto, pero estamos negociando con ERC cómo se producirá esto, si es que llega”, afirmó el domingo en el diario Ara la nueva presidenta del Parlament, la dirigente de Junts Laura Borràs.
ERC es quien marca una línea más pragmática en las aspiraciones soberanistas, poniendo el foco en conseguir un referéndum de autodeterminación legitimado por el Estado. Esto se conseguiría, según confía el programa de la formación republicana, superando “sucesivamente” en varias convocatorias electorales el 50% del voto escrutado: “Hay que forzar al Estado español a resolver democráticamente el conflicto político y aceptar la amnistía [de los líderes independentistas condenados por sedición y/o malversación por el Tribunal Supremo tras la consulta ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia en 2017] y el referéndum como únicas vías”, sostiene. Junts, en cambio, persiste en la idea de que la victoria electoral en los comicios del pasado febrero les legitima ya para impulsar en cualquier momento la separación de España.
La autoridad del Consejo por la República
ERC advierte en su programa de que no renuncia a la unilateralidad si no se cumplen sus aspiraciones, pero pone numerosos condicionantes para ello: “Este escenario [la independencia unilateral] exigirá un apoyo muy mayoritario y su operatividad y eficacia dependerá siempre de la acumulación de apoyos, electorales pero también institucionales, sociales, económicos y mediáticos”. El programa electoral de Junts, por el contrario, pone el acento en la legitimidad de la independencia sin el acuerdo con el resto de España, aunque lo hace estableciendo que esto solo será posible cuando “la ciudadanía, las instituciones y el Consejo por la República estén preparados”. El Consejo por la República es una organización presidida por Puigdemont en Bélgica, adonde huyó para evitar ser juzgado por la consulta ilegal. Junts subraya en su programa que es partidaria de que el Parlament reconozca al Consejo por la República como la “autoridad nacional” que, fuera de la influencia del Estado, debe coordinar a los representantes electos del independentismo para materializar la independencia. ERC no ha explicitado su posición sobre el Consejo por la República.
Los anticapitalistas de la CUP sí secundan la legitimidad del Consejo por la República aunque, a diferencia de Junts, ponen el foco en alcanzar la independencia a través de un referéndum válido. El partido de Puigdemont aboga por la vía unilateral, pero al mismo tiempo concede que quiere solicitar “la intervención de los organismos europeos para conseguir un referéndum acordado y vinculante”.
Desobediencia y Mossos
Los tres partidos independentistas no renuncian a la desobediencia civil e institucional frente a decisiones del poder ejecutivo o del judicial contrarias a sus intereses, aunque ERC explicita que esto solo será así en el caso de que “una mayoría democrática lo avale”, sin precisar cómo comprobarlo.
Desde la Generalitat se alentaron movilizaciones de este signo durante los altercados en 2019 por la sentencia del procés. El Govern reaccionó también con tibieza a los actos vandálicos del pasado febrero por el encarcelamiento del cantante Pablo Hasél (condenado por enaltecimiento del terrorismo) porque, como reconoció el consejero de Interior, Miquel Sàmper, no querían incomodar a la CUP.
El partido de la extrema izquierda insiste en la desproporcionalidad de la acción de los Mossos, la policía autonómica, y pide suprimir sus unidades de antidisturbios. ERC y Junts se han comprometido a una reforma policial, pero sin llegar tan lejos.
La CUP también forzará el juego en política fiscal. Los anticapitalistas quieren modificar sustancialmente los gravámenes del IRPF para las rentas de más de 60.000 euros. Esto difícilmente será del agrado de Junts, que durante la campaña mostró un perfil más liberal. De hecho, su número tres en la lista, el expresidente de la Cambra Joan Canadell, abogó incluso por suprimir los impuestos de sucesiones y patrimonio.
La CUP quiere ir más allá en la presión fiscal sobre donaciones y limitar las bonificaciones a aquellas herencias inferiores a los 200.000 euros. Las propuestas sobre impuestos de ERC son genéricas. Apenas plantean crear un nuevo impuesto para el comercio electrónico —en el que coinciden todos los partidos— y medidas quirúrgicas, como exenciones fiscales para captar talento internacional. Junts apuesta por rebajar impuestos a empresas y autónomos y, como los republicanos, ligeras modificaciones en el IVA. Y, sobre todo, reclama que la Generalitat asuma la mayor parte de los impuestos que ahora controla la Administración General del Estado.
La CUP también defiende otro elemento de fricción: las nacionalizaciones de empresas que se consideren esenciales y estratégicas, y que los servicios públicos sean también de gestión pública. Las nacionalizaciones no existen en los programas para Junts y ERC. Junts tira de un viejo proyecto: convertir el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), un organismo de la Generalitat, en el “Banco Nacional de Cataluña” que permita realizar inversiones, una idea que comparte la CUP. ERC parece haber abandonado la idea. Pese a llevar años detrás de ello, el ICF no ha logrado todavía la ficha bancaria (una especie de licencia) que anhela para operar en este sentido.
Diferencias en vivienda
En los programas electorales de los partidos independentistas se percibe una narrativa común en lo que a políticas sociales se refiere. En el detalle, y en ámbitos como las residencias de ancianos o la educación, Junts aboga más por una colaboración público-privada, mientras que ERC y la CUP apuestan por destinar más recursos públicos.
Dos puntos han sido primordiales en la anterior legislatura: el despliegue de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) y el acceso a la vivienda. Junts propone mejorar esta prestación e impulsar la coordinación entre administraciones para integrar la RGC y el ingreso mínimo vital (IMV). La CUP quiere ir más allá y aboga por una renta básica universal que garantice el ingreso mínimo del 60% de la renta media de la población, unos 735 euros mensuales.
ERC propone seguir desplegando la RGC para hacerla llegar a más beneficiarios e integrarla con el IMV. El partido de Aragonès pretende “ordenar y compactar las múltiples prestaciones para transitar hacia un modelo integral de garantía de renta básica”.
En materia de vivienda, ERC apuesta por obligar a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social. Los republicanos proponen incrementar las políticas de vivienda hasta el 0,4% del PIB, “impulsar un plan de emancipación juvenil real” y “desarrollar políticas para frenar los desahucios”. La CUP exige la “suspensión inmediata” de los desahucios, defiende la okupación y propone expropiar los edificios vacíos en desuso. Junts aboga por aumentar la financiación pública a favor de promotores privados que construyan vivienda protegida de alquiler. También señala la prioridad de “combatir la ocupación ilegal”.
Source link