La Audiencia Nacional sentará en el banquillo a cuatro exdirigentes de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por la financiación ilegal del partido. El juez José de la Mata ha propuesto este jueves juzgar a 32 personas por el conocido como caso del 3%, relacionado con presuntas comisiones pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública. El instructor deja a un paso del banquillo, entre otros, a los exgerentes de CDC Daniel Osácar, Andreu Viloca y Germá Gordó y al exresponsable jurídico de esta formación Francesc Xavier Sánchez Vera, por delitos de organización criminal, fraude a las Administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. También propone juzgar a otros dos cargos menores del área económica del partido nacionalista, Anna Dolors Benítez y Carles del Pozo.Intervención de Pasqual Maragall, durante el Pleno extraordinario del Parlament de Cataluña, con motivo de los hundimientos en el barrio barcelonés del Carmel. En vídeo, Maragall acusa a CIU de cobrar comisiones en contratos públicos.CARLES RIBASEn el auto dictado este jueves, el magistrado dirige el procedimiento, además de contra varios cargos políticos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas catalanas, contra el CDC y su heredero político, el PDeCAT, las sociedades TeyCo, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras o Copisa, entre otras, y archiva la causa para cinco personas físicas y una jurídica. El auto, de 304 páginas, pone fin a una investigación que se inició en 2015 en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) y que, a lo largo de la instrucción, ha ido revelando una trama por la que, según el juez, altos cargos de CDC, “en connivencia con responsables públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con distintos empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político “ilegalmente y en forma encubierta”.En lo más alto de la organización, el juez incluye a Gordó, Osácar y Viloca, quienes llevaban a cabo “un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios” ofertadas por diferentes Administraciones catalanas, todas bajo la esfera de poder de CDC (Ayuntamientos, Diputaciones u organismos dependientes de la propia Generalitat). Según el instructor, los gerentes del partido “influían” en los responsables de esas Administraciones para que las obras fueran adjudicadas a las empresas con las que tenían un “pacto criminal”. Gordó, Osácar y Viloca, según el juez, llevaban las cuentas, materializaban el seguimiento de deudas pendientes, en las adjudicaciones dadas y “por supuesto recibían los pagos”. A esta estructura “estable, permanente y sostenida en el tiempo”, se integró Sánchez Vera cuando se incorporó a CDC como responsable económico y jurídico de la formación.En un segundo escalón, el magistrado sitúa a las autoridades de estas Administraciones que, de acuerdo con los responsables de CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraron concursos públicos con la finalidad de “dirigir” los mismos hacia las compañías de los empresarios elegidos por el partido. En el tercer escalón, el instructor incluye al grupo de los empresarios que, sistemáticamente, se concertaron con altos cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas al partido CDC, Catdem y Fundació Forum Barcelona. El juez recalca que entre los empresarios y los dirigentes de CDC llegó a haber una “conexión íntima, estable, permanente y de amplio espectro”.La suma total de licitaciones comprometidas por este sistema asciende a 218,7 millones de euros. El importe de las adjudicaciones definitivas se eleva a 168,7 millones, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1,7 millones) y las prórrogas (4,5 millones). Es decir, la suma de las adjudicaciones se situó en alrededor de 175 millones, señala el juez. Las donaciones irregulares ligadas a esas adjudicaciones ascienden a más de un millón de euros, según De la Mata.El juez sostiene que todos los investigados eran “necesarios” para hacer posible el delito y actuaron “con un solo fin”: “subvertir el Estado de derecho y, mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una financiación ilegal para el mismo, acarreando un grave descrédito a la Administración pública y un perjuicio al propio erario público”.El juez detalla todas las adjudicaciones y donaciones investigadas a lo largo de estos años y concluye que existe una “íntima relación temporal y causal” entre los anuncios, las publicaciones de los concursos, las reuniones entre los políticos y los empresarios, la adjudicación del contrato y las consiguientes donaciones a las fundaciones vinculadas a CDC. En algunos casos, destaca el magistrado, la comisiones “guardaban relación proporcional estricta (3%) con el monto del contrato público adjudicado”.De la Mata advierte, no obstante, que no siempre existía una exacta concatenación temporal entre los pagos y las, al menos, 31 adjudicaciones incluidas en el auto. Esto se debe, según el juez, a que las donaciones no están necesariamente vinculadas a adjudicaciones, sino a mantener la “buena relación” con el partido y “situar o mantener a la empresa en posición de acreedor con vistas a futuras adjudicaciones”.El 7% de la financiación del partidoLos datos recogidos por De la Mata dejan al descubierto la importancia de esta red para la organización del partido: entre los años 2008 y 2012, los ingresos de CDC que tuvieron origen en las fundaciones vinculadas supusieron una media del 11,5% de la financiación privada del partido y de un 7,7% en la financiación total (pública + privada).La prueba de que se trata de una forma de actuar sostenida en el tiempo es que permanece inalterable con independencia de que cambiaran las personas al frente del partido, las Administraciones o las empresas. “Los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos objeto de investigación, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas partícipes en los mismos”, señala el juez, que pone también el foco en la influencia que ejercían los responsables de finanzas del partido con los funcionarios para exigirles llevar a cabo determinadas actuaciones. “Todos ellos eran conscientes de las consecuencias que seguir o no las indicaciones del tesorero o responsable de finanzas o gerente del partido podría tener sobre las perspectivas futuras en su carrera profesional o política”, apunta De la Mata.CDC y PDeCAT, personas jurídicas investigadasAdemás de actuar contra una treintena de personas físicas, el juez procede contra 16 personas jurídicas que “sistemáticamente”, dice, se concertaron con altos cargos de CDC para alterar en perjuicio de intereses públicos los procesos de contratación pública, recibiendo adjudicaciones de licitaciones y concursos públicos de las distintas Administraciones gobernadas por CDC a cambio de efectuar pagos al partido. Esas donaciones, indica el magistrado, se intentaban difuminar por un lado mediante su ingreso a través de diferentes empresas pertenecientes al mismo holding y, por otro lado, efectuando los ingresos a través de las diferentes fundaciones que tiene CDC para obtener financiación, CatDem y Fundació Fórum Barcelona.La investigación ha destapado que esos fondos recibidos eran después blanqueados mediantes tres sistemas. Por un lado, el partido emitía “notas internas de cargo” a las fundaciones por supuestos servicios prestados por aquel que en realidad no existían. De este modo, CDC consiguió lavar en el periodo 2009-2014 cerca de tres millones de euros. El segundo sistema era que las fundaciones pagasen salarios de trabajadores que, en realidad, prestaban sus servicios para la formación política. Y, por último, también abonaban servicios cuyo destinatario real era CDC. “Estos actos se realizaron con el único ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero y situarlo en el circuito económico legal”, concluye De la Mata.En relación con CDC, el juez detalla la operativa desplegada para financiarse ilegalmente. El partido no tenía un solo protocolo de control interno, como ya ha venido advirtiendo el Tribunal de Cuentas en sus informes por las irregularidades de los pagos realizados al partido a través de donaciones. Respecto al PDeCAT, aunque su creación, en julio de 2016, es posterior a los hechos que se investigan, el juez cree que su fundación tiene mucho que ver con un intento de los responsables de CDC de “desconectarse” de las responsabilidades penales en las que pudiera haber incurrido hasta entonces el partido.
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