Miguel P. era el jardinero, chófer y hombre para todo de la familia Sánchez Vicario. Si había que ser apoderado de una sociedad y firmar papeles sin preguntar, ahí estaba él. Tampoco Vicente M. “leía lo que firmaba” cuando le conducían a una notaría de Barcelona y, enfrente de Arantxa Sánchez Vicario y de su marido, Josep Santacana, estampaba su nombre en documentos a cambio de una “cantidad en metálico”. Cuando cayó enfermo por un ictus le sustituyó una mujer, María Rosa V., que intervino en la venta de un piso de la tenista en la avenida Diagonal por 1.500 euros.
Los relatos de Miguel, Vicente y María Rosa constan en el sumario del caso, y ellos son los actores secundarios de un juicio que sentará en el banquillo, por alzamiento de bienes, a la campeona de Roland Garros y al que fue su marido hasta hace tres años. Con la ayuda de esos tres testaferros, la pareja se desprendió presuntamente del patrimonio —incluidos 14 inmuebles— acumulado por la extenista durante su exitosa carrera deportiva. Tanto el juez que investigó el caso como la fiscalía sospechan que lo hicieron para evitar el pago de una deuda millonaria contraída por la extenista con el Banco de Luxemburgo.
Sánchez Vicario y Santacana, que viven en Miami, EE UU, llegan enfrentados a un proceso penal en el que cada uno de ellos afronta una petición de cuatro años de cárcel. A un divorcio conflictivo que se dirime en los tribunales —como casi todo en la vida de la exjugadora— se suman ahora dos líneas de defensa que, si no cambian las cosas, son irreconciliables: la estrategia de ambos parece abocada a atribuirse mutuamente las culpas.
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No siempre fue así. En los primeros compases de la investigación, la exjugadora llegó a declarar que Santacana no había tenido “nada que ver” con unas operaciones que, según fuentes cercanas a la tenista, no pretendían evitar al banco, sino obtener liquidez para afrontar el pago de otras deudas dejadas por la ruinosa gestión económica de su pequeño imperio. A medida que el proceso de separación avanzaba, sin embargo, también se agrandó el distanciamiento en sede judicial.
La deportista, que en su día acusó a sus padres de haberla dejado en la ruina, carga esta vez contra su exmarido y se desvincula de las operaciones de enajenación de bienes. “No llevó a cabo ninguna acción tendente a vender los inmuebles” y tampoco se quedó el dinero que se obtuvo de esas ventas, según los escritos de sus abogados que constan en la causa. La extenista acusa a Santacana de cobrar una exclusiva en la revista Lecturas, en 2012, que les reportó 24.780 euros. Una cantidad que, según la fiscalía, también hicieron desaparecer dentro de su “plan para frustrar” el cobro de la deuda.
Santacana, empresario y villano oficial de los Sánchez Vicario, se defiende señalando una idea esencial que va a estar en el epicentro del debate en el juicio, aún sin fecha: el dinero y las casas, pero también la condena de Hacienda y la deuda posterior contraída con el banco, son todo cosa de su exmujer. La familia le obligó a firmar “férreas capitulaciones matrimoniales para mantenerlo alejado del importante patrimonio” de ella, recuerda en un escrito su abogado, Juan Segarra, del despacho Molins Defensa Penal. Santacana juega el partido con un set en contra: las declaraciones de algunos testaferros (cercanos a la familia de la deportista) apuntalan su participación en las operaciones; también la fiscalía recoge en su acusación que quien fue número uno del mundo actuó siguiendo sus “consignas”. Pero la defensa insiste en que su intervención fue escasa y esporádica, y “siempre en nombre, por cuenta y encargo” de Sánchez Vicario. Recuerda, además, que la compleja estructura empresarial fue creada por el padre de la jugadora (fallecido en 2016) antes de que ellos dos iniciaran una relación sentimental.
Todo se precipitó en 2009. El Tribunal Supremo confirmó la condena a Arantxa Sánchez Vicario a pagar una multa de 5,2 millones por eludir el pago de impuestos al simular que tenía la residencia en Andorra. En paralelo, ella toma personalmente ese año el control de unas sociedades que, según el juez, “carecen de actividad productiva” y se limitan a ser las titulares “formales” de las casas que acumula en Barcelona, la Costa Brava o el Pirineo catalán.
Hacienda logró cobrar la suma reclamada gracias a un aval del Banc de Sabadell que, a su vez, recuperó el dinero mediante un contraaval suscrito con el Banco de Luxemburgo. Pero cuando esta entidad llamó a las puertas de la olímpica, se hizo el silencio. Trató de cobrar la deuda en vano. Logró que, en 2013, un juzgado civil reconociera la deuda y dictara resoluciones de embargo y averiguación de bienes. Incluso se examinaron los derechos que pudieran corresponderle a la extenista en el proceso que había abierto contra sus padres. Pero todo había desaparecido. La entidad consideró que no fue una ruina fortuita, sino buscada y se querelló contra la jugadora… y contra el marido.
La investigación, a cuyo contenido ha accedido EL PAÍS, ha llegado a su fin. El titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona, Hugo Novales, ha abierto juicio oral y ha ordenado el pago de una fianza solidaria a la pareja de 6,1 millones para cubrir la eventual responsabilidad civil en caso de condena. El auto advierte de que, si no abonan la fianza, se embargarán sus propiedades. Por ahora no ha ocurrido. Fuentes cercanas a la familia de Sánchez Vicario señalan que no hay nada que embargar: no tiene ya propiedades en España.
Todo está preparado para el partido final. La pareja se juega la cárcel. Mientras Santacana lucha por demostrar que no tiene nada que ver con los hechos de los que le acusa la fiscalía, Sánchez Vicario ha dado ya algún paso para minimizar los daños si hay condena. A través de un administrador concursal en Manhattan, Nueva York, obtuvo la devolución de fondos Madoff, “inversiones ruinosas que había realizado su padre, ya fallecido”: un millón de euros que ha utilizado para enjugar parte de una deuda que, ahora, amenaza su futuro en libertad.
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