El coste de prolongar hasta el 30 de septiembre el marco protector de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), junto con el paquete de ayudas para autónomos, supondrá un gasto cercano a los 3.400 millones de euros para las arcas públicas entre exoneraciones y prestaciones. Así lo anunció este jueves el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. “Hasta la fecha llevamos invertidos unos 19.000 millones, y lo que hoy [por este jueves] presentamos serán unos 2.000 más en exoneraciones”, detalló tras la finalización del Consejo de Ministros extraordinario convocado para formalizar la prórroga. Fuentes de Trabajo confirman que la partida para prestaciones será de 1.400 millones para los próximos cuatro meses.
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Con esta nueva partida de ayudas, el Gobierno busca reactivar a una gran parte de los 558.000 trabajadores que se encuentran ahora en ERTE. Para ello ha elevado la cuantía de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para todos aquellos trabajadores que regresen su puesto. “Debemos reflexionar acerca de la situación en la que nos encontramos. No estamos en el mismo momento que en enero [mes en el que se aprobó la anterior prórroga], cuando teníamos las restricciones en su punto álgido y las perspectivas de evolución eran mucho más complicadas que ahora”, apuntó Escrivá para justificar el ajuste del plan.
En vídeo, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, celebra el acuerdo alcanzado para la prórroga de los ERTE este jueves.
Dentro del nuevo presupuesto público también se alojan los distintos tipos de prestaciones desplegadas desde el comienzo de la pandemia para el colectivo de trabajadores autónomos. Escrivá señaló que son 460.000 autoempleados los que reciben hoy algún tipo de ayuda, y que podrán seguir haciéndolo durante los próximos cuatro meses.
Junto a él, además de la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero —”iniciativas como esta no las había aprobado ningún Gobierno hasta la fecha”, aseguró— compareció también la vicepresidenta y titular de Trabajo, Yolanda Díaz. “En momentos de turbulencias, la democracia necesita elementos de legitimación y uno de ellos es el diálogo social. Hemos demostrado que las recuperaciones pueden ser justas”, se felicitó Díaz, que reapareció tras superar unos problemas de salud que la mantuvieron apartada de la actividad pública el miércoles.
Ausencia de Garamendi
Horas antes, tanto Díaz como Escrivá habían firmado el V Acuerdo Social en Defensa del Empleo en la sede del Ministerio de Trabajo en Madrid. Comparecieron también los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y Comisiones Obreras, Unai Sordo. Y los representantes de la patronal Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, y Rosa Santos, directora de empleo de la CEOE. Santos acudió al acto en sustitución de su presidente, Antonio Garamendi, que argumentó no poder asistir por estar de viaje.
“Bien está lo que bien acaba”, resumió Pepe Álvarez (UGT), quien se congratuló porque el acuerdo se alcanzase “dentro del diálogo social”, tal y como se habían producido las otras cuatro prolongaciones. En la misma línea se manifestó Unai Sordo (CC OO), que se sumó a la alegría mostrada por el resto de integrantes de la Comisión Tripartita Laboral en la que se cerró el pacto. “Es muy relevante que los agentes sociales hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para prorrogar este instrumento tras un año y medio de historia de éxito del diálogo social y de los ERTE”, declaró. Dijo estar convencido de que con este nuevo marco se producirá “una reactivación importante del empleo y de las personas en ERTE”.
Cuerva, máximo representante de las pequeñas y medianas empresas —de quién Yolanda Díaz dijo que las pymes “tienen suerte” de tenerle al frente—, demostró el mismo entusiasmo que el resto de intervinientes por haber alcanzado el acuerdo. “Construimos España” gracias a pactos como estos, añadió Cuerva.
Que la prórroga se formalizase este jueves, dos días después de que se produjera el último Consejo de Ministros previo a la conclusión del plazo de la anterior prórroga de los ERTE —establecido para el 31 de mayo— forzó al Gobierno a convocar una nueva reunión extraordinaria del gabinete ministerial.
A Escrivá le preguntaron si el hecho de que la prórroga de los ERTE se cerrase en el tiempo de descuento fue el resultado de los tensos enfrentamientos que ha mantenido el Gobierno con las patronales. El ministro negó la mayor. “Esto nos ha ocurrido siempre. Todas las prórrogas que hemos firmado hasta ahora han seguido el mismo esquema. Nosotros desde un primer momento presentamos una propuesta, pero la dinámica negociadora nos ha llevado a estos tiempos, y lo hemos visto con normalidad”, reconoció el titular de Seguridad Social.
En su autopsia de la negociación, Escrivá también negó que el presidente Pedro Sánchez interviniera en algún momento, a pesar de que las cámaras recogieron cómo mantenía una conversación privada con el presidente de la CEOE durante la presentación del Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, el miércoles en la sede de ICEX. “No lo ha participado ni directa ni indirectamente”, defendió Escrivá. Sin embargo, sí reconoció que fue a partir de una conversación que mantuvo ese día con el líder de la patronal, Antonio Garamendi —horas después de su charla con Sánchez— cuando se desbloqueó la negociación.
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