El Congreso de los Diputados dio ayer por fin luz verde —con el voto en contra solo de la ultraderecha de Vox y con la abstención del PP y Más País— a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que queda pues encarrilada a falta del visto bueno del Senado. El hito legislativo es un paso necesario y positivo que llena un vacío persistente durante demasiado tiempo. Cuesta entender que España no contara a estas alturas con una ley de cambio climático, teniendo en cuenta los desarrollos globales en esta materia y que la mayoría de los partidos pidieron en el Congreso que se aprobara esta norma hace una década. La ley que se encamina a su aprobación definitiva es un instrumento básico, al encarrilar una transición que implicará grandes cambios en la sociedad. Lo es porque cristaliza en la legislación los objetivos de recorte de emisiones y un abanico de medidas para alcanzarlos en ámbitos como el sector transportes, inmobiliario o de la producción de energía. Y porque lanza una señal inequívoca: el proceso de descarbonización es irreversible y en 2050 el país tendrá que haber erradicado casi por completo las emisiones de gases efecto invernadero.
El paso adelante, por tanto, es importante; y sin embargo, se antoja insuficiente. Por un lado, por la tibia ambición en los objetivos. La meta fijada para 2030 (reducir un 23% las emisiones respecto a los niveles de 1990) suscita dudas. Ese objetivo, establecido por el Ministerio para la Transición Ecológica hace ya tres años, no es especialmente ambicioso y no considera el efecto positivo que supondrá el plan de recuperación europeo, que tiene como uno de los pilares fundamentales el impulso de la economía verde. La ley se presenta también como una forma de canalizar esos fondos, pero no recoge el impacto que tendrán esos miles de millones para acelerar la descarbonización. El Gobierno parece ser consciente de que se queda corto respecto a lo que pide la ciencia y por eso la norma incluye una primera revisión al alza de los objetivos en 2023. Un juicio correcto en este apartado debe sin embargo también tener en cuenta que España arrastra un lastre del pasado que le complica estar en línea con los países europeos más avanzados.
La ley incluye algunas medidas, como el impulso a la movilidad eléctrica y el fin de la venta de coches que emitan CO2 a partir de 2040, que afianzan importantes tendencias que ya están en marcha. O la obligación para las grandes empresas, las entidades financieras y las aseguradoras de informar anualmente de los riesgos para su negocio del cambio climático y del proceso de descarbonización. Pero se echan en falta medidas fiscales para desincentivar las actividades económicas menos limpias y para impulsar la reforma fiscal verde que instituciones como la Comisión Europea y la OCDE reclaman también desde hace años a España. La coalición de Gobierno, en definitiva, demuestra una vez más con este texto cierta eficacia legislativa pese a su débil situación parlamentaria —presupuestos, educación, eutanasia, ingreso mínimo vital…—. Como otras ocasiones, la norma mejora la situación preexistente, y es por tanto un progreso, aunque sus características no sean del todo satisfactorias.
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