Los servicios secretos alemanes llevaban tiempo pendientes de los discursos y las relaciones con grupos extremistas de los líderes del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Era una vigilancia rutinaria, que solo en algún caso concreto se había formalizado, como ocurrió con las federaciones regionales de Brandeburgo o Sajonia, o cuando, hace justo un año, la Oficina para la Protección de la Constitución alemana (BfV), los servicios secretos internos, declararon extremista a la agrupación más radical, llamada Der Flügel (El Ala). Ahora es el partido al completo el que pasa a ser considerado formalmente como sospechoso de ir en contra de los valores constitucionales del país. Según los medios alemanes, esta clasificación se produjo el jueves pasado.
La decisión es controvertida, puesto que AfD es el principal partido de la oposición al Gobierno de gran coalición entre socialdemócratas y conservadores que lidera Angela Merkel. Tiene 88 diputados (de 709) en el Parlamento alemán y decenas de asientos en las distintas cámaras regionales. Alemania vive este año un superaño electoral, con comicios en seis Estados federados y la elección de los nuevos representantes de los ciudadanos en el Bundestag en septiembre. El partido de ultraderecha acusa a la BfV de actuar siguiendo criterios políticos y bajo el mandato de los conservadores de la CDU y los socialdemócratas del SPD, que comparten el Gobierno nacional. Los expertos alertan de que la formación de extrema derecha aprovechará para victimizarse y usará la decisión para transmitir a su electorado potencial la idea de que la maquinaria del Estado quiere silenciar sus propuestas.
La base para someter a vigilancia formal a AfD es un voluminoso informe (supera las 1.000 páginas) que hace unas semanas envió la Oficina de Protección de la Constitución al Ministerio del Interior. En él los servicios secretos recopilan centenares de discursos de los líderes del partido y también declaraciones públicas en medios de comunicación. El ministro del Interior, Horst Seehofer (CSU), llevaba desde entonces estudiando el informe y había encargado a un equipo jurídico una nueva revisión, según publicó Der Spiegel. Interior quería tener la seguridad de que las pruebas recogidas eran suficientes para dar el paso de clasificar a la AfD como “caso sospechoso”. Esta declaración, que se hace efectiva cuando hay “pruebas contundentes y tangibles suficientes de actividad extremista”, implica que los servicios secretos pueden usar métodos de espionaje como interceptar las comunicaciones de los miembros del partido o incluso infiltrar agentes en sus filas, explicó a EL PAÍS una portavoz de la BfV.
Sin embargo, la teoría no se va a aplicar en la práctica con el partido ultraderechista. La BfV se ha comprometido ante el Tribunal Administrativo de Colonia, donde AfD tiene puesta una demanda contra los servicios secretos, a renunciar al menos de momento al seguimiento de diputados de los parlamentos federal y europeo, además de los regionales. Tampoco intervendrá mientras el caso esté abierto las comunicaciones de los candidatos a las elecciones que se celebran este año, según publica el diario Frankfurter Allgemeine. El tribunal tampoco permite hablar públicamente de la decisión de vigilar a AfD, por lo que la BfV no está confirmando la noticia.
“Las decisiones de la BfV sobre Alternativa para Alemania son puramente políticas”, aseguró la presidenta del grupo parlamentario de AfD en el Bundestag, Alice Weidel, en su cuenta de Twitter. “Esto es especialmente evidente en vista de las próximas elecciones estatales y federales”, añadió, y anunció nuevas acciones legales contra los servicios secretos. “Estoy segura de que el caso contra la AfD no se presentará ante el Tribunal Constitucional Federal”. Si los servicios secretos consiguieran encontrar pruebas contundentes de políticas contrarias al orden democrático, el caso podría acabar en el Tribunal Constitucional y la formación, ilegalizada.
Varios líderes de otros partidos han comentado la noticia a preguntas de los medios o en sus redes sociales. El secretario general de la CSU (el partido hermano de la CDU en Baviera), Markus Blume, escribió en Twitter que los extremistas de derecha son los que marcan la pauta en la AfD y que clasificar al partido como caso sospechoso es una decisión correcta. “Al margen de esto, seguiremos luchando políticamente contra la AfD”, añadió, ya que esta formación “no tiene cabida en los parlamentos”.
El presidente del Consejo Central Judío en Alemania, Josef Schuster, aseguró que la decisión “confirma el peligro que representa la AfD”. “Intenta ocultar su radicalismo tras una fachada ciudadana. Con su política destructiva, la AfD contribuye a socavar nuestras estructuras democráticas y desacreditar la democracia entre los ciudadanos. El Estado no debe quedarse al margen”, añadió.
AfD entró en el Parlamento alemán tras las elecciones de septiembre de 2017 con un 12,6% de los votos. Había nacido cuatro años antes como partido protesta contra los rescates de Bruselas y haciendo bandera del euroescepticismo, pero durante la crisis de los refugiados de 2015 se centró en el rechazo a la inmigración. Con la pandemia, ha dirigido su populismo contra las restricciones y se ha aliado con negacionistas y amantes de las teorías conspirativas. Los medios recogen periódicamente declaraciones xenófobas y rayanas en el negacionismo de sus dirigentes. La formación lleva tiempo en crisis, dividida entre un ala radical, abiertamente xenófoba, y las corrientes más moderadas y liberales que aspiran a convertirla en un partido de masas. Esas tensiones se han saldado con expulsiones y con la disolución, al menos sobre el papel, de la facción más radical.