Luego de la solicitud que Estados Unidos hizo a México para llevar a cabo consultas bajo el marco del T-MEC por la política energética en el país, Beatriz Leycegui, socia de SAI Derecho y Economía y exsubsecretaria de Comercio Exterior, recordó que el tratado no prohíbe a México cambiar su marco legal; sin embargo, si las modificaciones son contrarias a lo estipulado hay consecuencias.
En entrevista con Aristegui en Vivo, la abogada explicó que el Gobierno de México liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dado una interpretación errónea al tratado con Estados Unidos y Canadá, pues ha dicho en diversas ocasiones que el tema energético no está contenido en el acuerdo.
“Lo hemos escuchado de manera reiterada por el gobierno, dos entendimientos que en mi opinión son equivocados: el primero es insistir en que el tema energético no está en tratado y eso es un error (…) el tratado no menciona ninguno de los sectores o en todos en lo que se aplica porque no es conveniente”, aseveró.
De acuerdo con Beatriz Leycegui, si México implementa modificaciones que vayan en sentido contrario a lo previamente estipulado en tratados, los cuales se rigen bajo el derecho internacional, el país está obligado en resarcir los daños.
“No puede dar marcha atrás respecto a la apertura que ya está pactada”, dijo la especialista en comercio exterior en este espacio informativo.
Al referirse a las políticas públicas en materia energética las cuales han buscado fortalecer, por ley, a las empresas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), la litigante señaló que las empresas deben tener piso parejo.
“Si las empresas privadas entran a competir con paraestatales tienen que competir en igualdad de circunstancias”, agregó.
Incluso en las excepciones y reservas en los tratados se estipula que las naciones pueden modificar sus leyes, pero solo cuando éstas sean a favor de la “liberalización”, sentenció Beatriz Leycegui.
La especialista en comercio exterior enfatizó que incluso no es necesario que los países plasmen en leyes o modificaciones su políticas públicas, pues la negativa de permiso, cancelación de contratos o dificultad la operación de empresas es ya una falta que está contenida en el tratado y que se llama expropiación indirecta.
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