Detallan ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, las cuales eran conocidas y coordinadas por los más altos funcionarios, señala el reporte.
El Estado venezolano debe exigir cuentas a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y actos de tortura, hechos que eran de conocimiento del presidente Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y de Defensa, quienes “dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes”, son las conclusiones de la Misión Internacional Independiente de la ONU enviada al país sudamericano.
En un comunicado, la Misión afirma que investigó 223 casos y examinó otros 2 mil 891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.
La misión “constató que el gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.
A continuación se indican los hechos documentados por la misión, según el comunicado fechado en Ginebra:
Ejecuciones extrajudiciales
La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2 mil 552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5 mil 94 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.
Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.
Los altos funcionarios del gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros.
“La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando”, dice el comunicado.
Detención y tortura por motivos políticos
La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificar a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.
Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso, dice el reporte.
Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo.
“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox, uno de los integrantes de la misión.
“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al gobierno de Maduro” dijo Francisco Cox.
“Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados.”
Violaciones relacionadas con las protestas
La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución, según lo documentado por los investigadores.
“La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta,” dijo Paul Seils.
“Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara.”
Señalamientos sobre el poder judicial
Los hechos se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela, apunta el comunicado.
El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado, por lo que “es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial”.
Así lo informamos en #AristeguienVivo: