A dos semanas de que finalice el estado de alarma, el Gobierno ultima las condiciones del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables destinado a las comunidades autónomas. El Gobierno pone como condición que 11.000 de esos millones, el 68,75% de una inyección de recursos sin precedentes, se inviertan en sanidad (9.000) y educación (2.000). El resto será para paliar la caída de ingresos por el desplome de la economía. Seis presidentes autonómicos de diferentes partidos cuestionaron este domingo los criterios de reparto, que incluyen como novedades, además de la partida para educación, otra de 800 millones para transporte.
Con 72 fallecidos por coronavirus en la última semana, lejísimos de los 950 decesos diarios que llegó a haber en abril, la recuperación económica se ha convertido en la prioridad de La Moncloa y las comunidades autónomas. Un contexto en el que el fondo de 16.000 millones, anunciado el 2 de mayo, gana relevancia conforme se aproxima el final de la desescalada. Tanto que su reparto llega a enfrentar entre sí a las comunidades del PSOE. Y a las del PP. Los presidentes de Cataluña, Galicia, las dos Castillas, Aragón y Cantabria mostraron serios reparos a la propuesta del Gobierno, durante la conferencia celebrada con Pedro Sánchez.
“El Fondo Covid-19 supone la mayor transferencia de recursos para las comunidades autónomas jamás realizada al margen del sistema de financiación autonómico”, destacó Sánchez tras escuchar las críticas de varios territorios por los cambios en el sistema de reparto. “Es difícil encontrar un mínimo común denominador”, reconoció el presidente al final de la cumbre, según fuentes presentes. Con la nueva distribución se destinarán 9.000 millones a cubrir el incremento de la inversión sanitaria, 2.000 a educación y 5.000 a la caída de ingresos, de los que se detraen 800 para un nuevo fondo de transportes que compensará el descenso de la facturación de las empresas públicas en metro, cercanías o autobuses interurbanos. La idea original del Gobierno, matizada ahora, era que 10.000 millones fueran para compensar los gastos extraordinarios en sanidad, otros 1.000 para gastos sociales y 5.000 más para fomentar la recuperación económica. “Hablamos de transferencias directas, no de préstamos. Por tanto, las comunidades no deberán devolver este dinero, ni les incrementará la deuda, ni les generará intereses de ningún tipo. Esta es una entrega definitiva”, insistió Sánchez.
El fondo se repartirá en cuatro tramos hasta diciembre. Se empezará con 6.000 millones en junio en función de criterios representativos del gasto sanitario de cada territorio. Otros 3.000 con el mismo propósito se concederán en noviembre. Para gastos educativos se reservan 2.000 en septiembre, coincidiendo con el regreso a las aulas. En diciembre se darán 5.000 millones —incluido el fondo de transporte— para paliar la merma de ingresos por la caída de la actividad económica.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explica el reparto del fondo de 16.000 millones.
Para poner en perspectiva el tamaño del fondo, Sánchez destacó que equivale a más del triple del presupuesto anual de ministerios como Educación y Sanidad, al doble del destinado a infraestructuras o al triple del que se dedica a seguridad ciudadana. “El esfuerzo que está mostrando el Gobierno, sobre todo para defender la sanidad y la educación públicas cuando en septiembre ya tengamos a los niños y niñas a la vuelta en el colegio me parece definitivo”, sentenció.
La intención del Gobierno es aprobar los términos del fondo en el Consejo de Ministros del próximo día 16, cinco días antes del final del estado de alarma, mediante un decreto que se someterá a la aprobación del Congreso. Una decisión en la que los barones del mismo partido, sean socialistas o populares, no se ponen de acuerdo. Por ejemplo: los hay más interesados en que prevalezca el criterio de la población, como venía pidiendo la Comunidad Valenciana (PSOE), y otros que exigen que se refuerce la partida para los gastos sanitarios ocasionados por el coronavirus, como Castilla-La Mancha y Aragón (PSOE) o Castilla y León (PP). Ante la contrariedad de algunos líderes territoriales, el presidente destacó que, dentro de las áreas de gasto fijadas por el Gobierno, las comunidades podrán decidir el destino del dinero sin rendir cuentas al Ejecutivo central. “Lo harán a los ciudadanos a través de sus respectivos Parlamentos autonómicos”, apostilló. Alberto Núñez Feijóo (PP) pidió libertad para destinar a otros fines la parte de educación. El presidente gallego se quejó de la supresión de la bolsa de 1.000 millones destinada a otros gastos sociales.
La inquietud de algunas de las autonomías más afectadas por la covid-19, sobre todo del interior del país, es que se reduzca en 1.000 millones la partida para cubrir los gastos sanitarios. De esa reducción y de la prevista para otros gastos sociales, saldrán los 2.000 millones para educación. Tampoco convenció a las comunidades más rurales que el fondo para transporte se reste de los 5.000 millones destinados a compensar la caída de ingresos, ya que entienden que solo favorece a las grandes áreas urbanas.
Torra, contra “los vaivenes” del Ejecutivo
Distinta, en este punto, es la visión de las comunidades más pobladas y con potentes sistemas de transporte público, como Madrid y Cataluña —las dos con mayor número de víctimas— o Andalucía. Ni la madrileña Isabel Díaz Ayuso ni el andaluz Juan Manuel Moreno, ambos del PP, se alarmaron por los nuevos criterios. Los barones del PSOE también han reaccionado de manera desigual. El canario Ángel Víctor Torres es favorable a los criterios de reparto del fondo, aunque ve bien la propuesta de Feijóo de que cada territorio pueda disponer de los fondos en educación para redistribuirlos según sus necesidades. Al presidente valenciano, Ximo Puig, le ha parecido bien “que se incremente el peso de la población”. “Va en dirección hacia una mayor justicia en la distribución de los recursos. Nunca todos vamos a estar de acuerdo, pero sí hay que avanzar en una mayor realidad del gasto que ha habido y de las repercusiones de la pandemia”, ha afirmado. Puig ha apoyado también la creación de un tramo para atender los gastos educativos: “Todos somos conscientes de las necesidades que vamos a tener y del debate sobre la educación, que va más allá de la pospandemia y que, como un servicio básico del Estado de bienestar, merece un debate común de los presidentes autonómicos”.
Quim Torra sí protestó contra “los vaivenes” del Ejecutivo. El president considera que los nuevos criterios suponen para Cataluña una pérdida de “decenas de millones de euros” que no concretó. Y exigió un fondo para el transporte con “el doble o el triple” de la cantidad prevista, informa Pere Ríos. Torra reclama 15.000 millones de euros de inmediato “para no ahogar a Cataluña”.
La España vacía concentró las críticas al Gobierno. El nuevo modelo “deja en la estacada a las comunidades que más han sufrido la pandemia”, afirmó tras la conferencia Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de Castilla y León cree que no se tiene en cuenta la incidencia de la pandemia en la comunidad más extensa y con la densidad de población más baja (25 habitantes por kilómetro cuadrado) junto a Castilla-La Mancha. “Este es un fondo extraordinario que tiene que ver con el grado objetivo de la afectación de la enfermedad, no con otros criterios. Y tanto La Rioja, Castilla y León o Castilla-La Mancha hemos tenido porcentualmente más impacto y hemos tenido que dejarnos la piel en gasto de material y contrataciones”, discrepó el socialista Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha llegó a expresar su tenor a que el dinero para la educación vaya al sector privado y perjudique a comunidades como la suya, “con una consolidada red pública”. Sánchez disipó esos temores en su comparecencia posterior en La Moncloa y aseguró que todo el dinero será para la pública.
Otro presidente socialista, el aragonés Javier Lambán, puso el acento en el coste de garantizar la educación en las zonas rurales, donde las plazas “cuestan tres o cuatro veces más” que en las ciudades. Y pidió que se reconsidere la anulación de la partida prevista para otras políticas sociales. La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, que nunca se desmarca del Gobierno, confió que “se sigan considerando los criterios sanitarios, en qué se ha gastado el dinero y cuáles han sido las zonas dónde la virulencia de la covid-19 ha sido mayor y más temprana”. El presidente cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, expresó su “profundo malestar” al entender que se prima más a la población en detrimento del coste del servicio. Revilla entiende que prima más a la población en detrimento del coste del servicio. De los 11.000 millones a repartir hasta septiembre, Cantabria estima que recibirá unos 120 millones y no los 178 que esperaba. En cambio, para Guillermo Fernández Vara es un “reparto justo, razonable y adecuado”. El presidente extremeño ha señalado que en el primer reparto a su comunidad se asignaba una partida inicial de 85,7 millones. Con los cambios subirá hasta los 97,7 millones.
Otros presidentes regionales consultados no comparten los reproches y vinculan la desaparición del fondo social a la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Dotado de 3.000 millones, el 26 de junio lo empezarán a cobrar 255.000 beneficiarios. “Entiendo que los presidentes autonómicos quieran más, más y más. Pero el Gobierno está haciendo una transferencia sin precedentes en la historia de la democracia”, zanjó Sánchez.
Fase 3
Tras la polémica de esta semana, en la que el Gobierno rectificó el anuncio de que abriría las fronteras el 21 de junio, el presidente ha trasladado, según fuentes de la reunión, que su reapertura será el 1 de julio. Sánchez también aboga por una propuesta conjunta con Italia para que haya normas comunes bajo criterios epidemiológicos tanto dentro como fuera de la zona Schengen. Feijóo ha reclamado la apertura de más pasos fronterizos entre Galicia y el norte de Portugal.
La cumbre precede a la entrada este lunes de 13 comunidades al completo en la fase 3, en la que la desescalada dependerá de los Ejecutivos autonómicos, salvo la restricción de la movilidad. “La filosofía es la que os planteé el domingo pasado. Pasamos de una cogobernanza a una gobernanza total de las comunidades en la fase 3 en ese tránsito a la ‘nueva normalidad”, ha expuesto Sánchez. Iñigo Urkullu ha pedido que se permita la movilidad con Cantabria, Navarra y La Rioja a partir del 15 de junio. Esto es, una semana antes del final del estado de alarma. Sánchez ha subrayado en la reunión, según distintas fuentes presentes, que las comunidades en fase 3 podrán solicitar cuando quieran levantar el estado de alarma antes del 21 de junio y acordar la movilidad con otras que estén en la misma situación. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha coincidido con la reivindicación de Urkullu de permitir la movilidad con los territorios limítrofes en la fase 3. La presidenta de Navarra, María Chivite, también mantendrá contactos con sus homólogos de Euskadi, La Rioja y Aragón para “recuperar la movilidad entre nuestros territorios siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan”.
El lehendakari ha pedido un plan específico para el sector industrial de la automoción, con una estrategia decidida a apostar por la innovación tecnológica y la inversión. “El sector de automoción, que tiene una red en ocho comunidades autónomas, no se puede abandonar a su suerte”, ha afirmado. En esta propuesta ha coincidido Feijóo, que además ha destacado el impacto que supone el cierre de Alcoa en Lugo, donde supone un tercio del PIB. Chivite ha animado al Gobierno a la creación de una mesa específica del sector de la automoción.
Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía, la comunidad más poblada, no ha mostrado reparos a las nuevas condiciones para el reparto del fondo no reembolsable. Pero sí ha expresado su preocupación ante la Operación Paso del Estrecho y se ha mostrado “partidario de no hacerla este año, ya que no se dan las circunstancias ideales” por la pandemia, según ha comunicado la Junta. El Paso del Estrecho lo realizan cada año tres millones de personas, de las que el 80% cruza por el Puerto de Algeciras, lo que genera actualmente “cierto temor a la ida y a la vuelta” dadas la situación sanitaria y la falta de información de que se dispone sobre el impacto de la epidemia en los países del Magreb.
El presidente andaluz también ha advertido del aumento de la inmigración ilegal con la llegada del buen tiempo y la calma al Estrecho y al mar del Alborán. “El riesgo de contagio es evidente”, ha subrayado. Moreno pide un protocolo de actuación que contemple espacios en los que poder hacer las pruebas correspondientes, aislar correctamente a las personas que lleguen contagiadas y a las que hayan viajado con ellas durante los 14 días que marca la cuarentena “al igual que se hace con cualquier familia residente en la que se detecte algún caso”. Moreno ha recordado que, cuando llega una patera, los inmigrantes pueden estar hasta un máximo de 72 horas bajo control de la autoridad y, después, se hacen cargo de ellos diversas organizaciones no gubernamentales. Los CIE están actualmente cerrados.
Por otra parte, las conferencias dominicales celebradas desde la aprobación del estado de alarma el pasado 14 de marzo acabarán el 21 de junio. Tras las elecciones de Euskadi y Galicia (12 de julio) se convocará una presencial para la reconstrucción del país.
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