El Ejército mexicano ha negado y ocultado información importante en relación a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, acusó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su quinto informe sobre el caso Iguala.
Las autoridades mexicanas no han realizado todas las detenciones ordenadas por fiscales relacionadas con la desaparición de los normalistas.
El año pasado, una comisión de la verdad creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó las desapariciones de “crimen de Estado” encubiertas por miembros del Gobierno. Sólo se han descubierto e identificado los restos de tres estudiantes.
El GIEI, que ha dado seguimiento a la investigación, instó este viernes a los militares a cooperar con las solicitudes de información, y a los fiscales, emitir más órdenes de aprehensión.
Hace dos años desde el gobierno federal se solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicar documentación sobre el caso Iguala, de la cual el GIEI “ha tenido un conocimiento parcial de esos archivos“, dijo en conferencia de prensa Carlos Beristain, miembro del Grupo Interdisciplinario.
Y también de la información que no se ha dado y que sí está en los archivos, eso es muy importante porque lo que muestra es que hay más información, sabemos en qué tipo de documentos está (…) esa información no se ha proporcionado, se ha negado que exista. Eso para nosotros es grave.
“Con ocultamiento de información o con respuestas que no responden a la realidad no va a haber una resolución del caso“, agregó.
Foto: Archivo Cuartoscuro/Carlos Beristain
Sobre la información negada por la Sedena, Beristain afirmó que tiene conocimiento que, incluso, desde el Ejército se han analizando los datos no proporcionados.
Funcionarios públicos, algunos contra los que se emitieron órdenes de detención hace seis meses, aún no han sido detenidos, aseveró Ángela Buitrago, miembro del GIEI.
No precisó el número de detenciones pendientes.
“Hemos insistido en la necesidad de la verificación y el cumplimiento de esas órdenes de captura”, dijo.
Foto: Archivo Cuartoscuro/Ángela Buitrago
La oficina del fiscal general no respondió a una solicitud de comentarios.
Los fiscales pidieron el año pasado la detención de 83 militares, policías y funcionarios gubernamentales, entre otros, y 21 de las órdenes de detención fueron retiradas posteriormente. En aquel momento, el GIEI calificó la medida como “incomprensible” y acusó al gobierno de intervenir en el caso.
Buitrago indicó que el GIEI ya ha presentado pruebas a los fiscales que respaldan las órdenes de detención que fueron retiradas.
El Grupo también acusó al Ejército mexicano de negar el acceso a posibles pruebas en varios casos.
Los expertos reafirmaron que el Ejército les había dicho que ciertos documentos y registros no existían, incluso después de que el GIEI los hubiera obtenido.
En un caso, el Grupo comentó que había encontrado las transcripciones de las llamadas telefónicas interceptadas en los archivos militares. Cuando se le preguntó por ellas, dijo que la Sedena había respondido que no interceptaba ni controlaba las llamadas y que la información no existía.
Respecto al extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), este órgano tenía archivos que documentan el seguimiento puntual a los normalistas.
Ángela Buitrago también indicó que, luego de que se entregaran ante la Fiscalía General de la República (FGR) videos que documentaban las torturas que se practicaron contra los presuntos responsables, un representante del Cisen llevó un oficio a la Unidad Especial del órgano autónomo para argumentar que ese material videográfico no podía ser utilizado porque se trataba de un asunto de “seguridad nacional”.
Jesús Murillo Karam.
El año pasado se presentaron los primeros cargos contra el exprocurador general Jesús Murillo de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia. El caso sigue abierto y los abogados de Murillo han negado las sospechas.
Esta detención y otras relacionadas al caso Iguala fueron catalogadas como avances por el GIEI; sin embargo, señaló que no se han cumplimentado todas las ordenes de captura que se liberaron recientemente.
“Muchos de ellos siguen siendo funcionarios públicos, y sin embargo no se les ha hecho efectiva la orden de captura, estando en los cargos públicos”, advirtió Ángela María Buitrago.
Asimismo, detallaron que acordaron con el gobierno federal extender la función del GIEI durante los próximos 3 meses, es decir, hasta junio próximo.
(Con información de Reuters)
Source link