El Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y lo particular, una reforma que impide al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) intervenir en impugnaciones en materia electoral contra actos del Congreso de la Unión.
Con 61 votos a favor, 39 en contra y una abstención, el Senado respaldó el proyecto enviado por la Cámara de Diputados para reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La reforma protege los actos parlamentarios del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus Cámaras. Fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los cambios propuestos por los legisladores opositores fueron rechazados.
El dictamen señala que el TEPJF no podrá “otorgarse competencias que la Constitución y la ley no le reconocen”, pues, de acuerdo con la Carta Magna, los actos parlamentarios corresponden a facultades exclusivas de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Menciona que la Sala Superior del TEPJF determinó revisar actos del ámbito parlamentario, que tuvieron origen en las decisiones que tomaron tanto la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados como la de la Cámara de Senadores, para la integración de la Comisión Permanente.
Consideraron que tal determinación es una invasión en las competencias del Congreso y que afectó al equilibro de poderes que establece la Constitución.
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El dictamen precisa que los medios de impugnación contenidos en la ley, serán improcedentes “cuando se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus Cámaras, emitido por sus órganos de gobierno, como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento internos de sus órganos y comisiones legislativas”.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora morenista Mónica Fernández Balboa, aseguró que la reforma fortalece el marco regulatorio de los actos parlamentarios, para que éstos queden excluidos de la competencia del Tribunal Electoral, “porque, si bien es cierto que entre los Poderes deben existir contrapesos, también debe haber límites”.
Por su parte, la senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano (MC) señaló que al dejar a su grupo parlamentario sin representación en la Comisión Permanente se violó el derecho del voto de las personas, así como el derecho a tener su voluntad representada.
Acusó que existe un “amorío” entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para aprobar en la Cámara de Diputados leyes que le favorecen. “Morena y el PRI en la Cámara de Diputados son muy tóxicos”, mencionó, al señalar que pactaron dejar a su partido fuera de la Permanente.
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Por lo tanto, criticó que la reforma niegue la posibilidad a los partidos a tener medios de defensa ante este tipo de acciones. Adelantó que su partido irá “hasta las últimas consecuencias”.
En el mismo sentido se pronunció el senador emecista, Noé Castañón Ramírez, al señalar que el dictamen “viola los derechos políticos y electorales de las y los mexicanos, y que violenta el acceso a la justicia al dejar en estado de indefensión a legisladores y legisladoras, pues elimina un mecanismo de defensa adecuado ante actos de autoridad emitidos por las Cámaras y sus organismos”.
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La senadora panista Xóchitl Gálvez mencionó que el Tribunal Electoral resolvió que no permitir la participación de legisladores en Comisiones o en la Comisión Permanente viola el derecho a ejercer el cargo para el que fueron elegidos. Consideró que el Congreso debe ser revisado y sujeto al imperio de la ley.
Mientras que el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que cualquier acto de omisión del Legislativo es justiciable cuando se afecta un derecho humano. Por ello, sostuvo que el dictamen atenta contra el orden constitucional.
La senadora priista, Claudia Anaya, aseguró que el dictamen no busca hacer una correcta división entre los Poderes, sino que le quita a las minorías el derecho a tener un tribunal al cual acudir. Apuntó que los derechos de las mayorías no pueden estar por encima de los derechos de las minorías.
Germán Martínez Cazares, senador del Grupo Plural, denunció que la reforma está “dedicada” a su grupo para evitar el ejercicio de sus derechos políticos.
Hay decisiones en los tres Poderes que son violatorias al marco constitucional, asentó, por lo que debe existir un medio de defensa ante estas situaciones.
Por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rogelio Israel Zamora Guzmán hizo un llamado a no permitir que el Poder Judicial decida sobre la vida interna del Congreso de la Unión, toda vez que no hay mecanismos para revertir esas decisiones y “esas interferencias de competencias sí vulneran al Poder Legislativo”.
En tanto, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo (PT), argumentó que el dictamen busca defender la autonomía del Poder Legislativo y la toma de decisiones en función de las reglas establecidas por los propios legisladores. “Es un primer paso para que, en las decisiones sobre la vida misma del Congreso, se respete la soberanía y autonomía de este Poder”, dijo.
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