En el primer año de la pandemia, siete comunidades redujeron los beneficiarios de las rentas mínimas de inserción, que hasta la creación del ingreso mínimo vital eran el último colchón económico al que podían agarrarse las personas en situación de vulnerabilidad. Entre Madrid, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, el número de quienes contaban con una renta mínima se redujo en más de 42.000 personas, según datos del informe de 2020 elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales critica en un comunicado publicado este lunes que esas autonomías han iniciado el “desmantelamiento” de sus programas de rentas mínimas. Reclama que el dinero que se dedicaba a estas prestaciones se emplee en inserción social.
El ingreso mínimo vital nació a mediados de 2020, en plena crisis económica ocasionada por la pandemia, para garantizar unos mínimos ingresos en todo el país para quienes atravesaran una situación de vulnerabilidad. Hasta entonces, un desigual sistema de rentas mínimas, gestionadas por las autonomías, era la única alternativa existente. Sigue habiendo grandes diferencias por comunidades. Las 795.861 personas que a final de 2020 se beneficiaban de una renta mínima suponen el 9% de las personas bajo el umbral de la pobreza en España, según la nota de la asociación, una cifra que en País Vasco y Navarra se eleva al 60%, pero que en lugares como Castilla-La Mancha, Canarias y Asturias no llega ni al 5%.
La asociación se muestra preocupada por que el dinero invertido hasta ahora en rentas mínimas se dedique a otras partidas. “Con la coartada del ingreso mínimo vital”, se explica en la nota, estas siete comunidades redujeron los beneficiarios y los presupuestos para las rentas mínimas. Actualmente, la regulación del ingreso mínimo vital, una prestación estatal, permite que las rentas mínimas lo complementen, si las familias están por debajo del umbral establecido. Sin embargo, muchas regiones no han habilitado esa complementariedad, asegura José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, quien considera que “se debía haber hecho una pasarela” para que los perceptores de las rentas mínimas pasaran automáticamente al ingreso mínimo vital. Pero no la hubo. “En ocasiones las comunidades han tenido que hacer expedientes por cobros indebidos, reclamando que los usuarios devolvieran la renta mínima por haber cobrado el ingreso mínimo. No ha habido una coordinación y una integración dentro del sistema”, asegura.
La Comunidad de Madrid es la que más ha reducido el número de beneficiarios de las rentas mínimas, según la nota de la asociación, con 12.471 personas menos. Además, la autonomía ha recortado su presupuesto a esta prestación en “130 millones de euros”. En el otro extremo está Cataluña, la que más ha aumentado la cantidad de beneficiarios, con 42.414 nuevas personas, seguida por Andalucía y la Comunidad Valenciana. En cuanto al porcentaje de personas bajo el umbral de pobreza por comunidad que percibían en 2020 una renta mínima, además de País Vasco y Navarra, solo otras cinco regiones superan la media del 9% a nivel nacional: Asturias con 19,2%; Cantabria, 16,8%; Cataluña, 12,3%; Aragón, 10,9%; y Baleares, 10,2%.
La asociación reclama a las autonomías que orienten los 1.686 millones de euros que hasta ahora han invertido en las rentas mínimas a la “garantía del derecho a la inserción social, reforzando los servicios sociales”, y a la lucha contra la “exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral”. También pide al Gobierno “que simplifique los procedimientos del ingreso mínimo vital y cumpla con la promesa de garantizar la prestación a 800.000 familias, como se había comprometido”.
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