El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que 25 servidores públicos son responsables de entregar recursos de un programa social de la Secretaría del Bienestar (SB) para promocionar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El asunto deriva de una denuncia sobre el posible uso indebido de los recursos públicos presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra de los llamados servidores de la nación y funcionarios de la SB.
Dichos funcionarios entregaron tarjetas bancarias a los beneficiarios del “Censo para el bienestar”, durante el periodo de transición e inicio del mandato del Presidente de México.
“Las personas funcionarias portaban un chaleco con el nombre del Ejecutivo Federal, quien -decían- giró personalmente las instrucciones para otorgar los apoyos”, informó el TEPJF a través de un comunicado.
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Con anterioridad la Sala Especializada del Tribunal había determinado que, con dichas acciones, los involucrados violentaron la prohibición de utilizar la propaganda gubernamental y los recursos públicos para posicionar el nombre e imagen de otro servidor público, y atribuyó responsabilidades a tres servidores públicos que cometieron los actos y los difundieron en las redes sociales.
En respuesta, el PRD presentó un recurso de revisión ante la Sala Superior del TEPJF, en el que solicitó sanciones para el presidente de la República y otros involucrados que no fueron incluidos porque en el lugar donde cometieron el ilícito no había un proceso electoral en curso.
Por su parte, Morena y algunos de los servidores públicos sancionados presentaron un recurso de revisión para que se dejara sin efectos la sentencia.
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El pleno de la Sala Superior determinó que, a pesar de beneficiarse con el posicionamiento indebido de su imagen, ninguna prueba demuestra que el presidente López Obrador hubiera orquestado la estrategia masiva de promoción.
Al resolver el fondo de la controversia, el pleno “confirmó la responsabilidad atribuida por la Sala Especializada a tres servidores públicos adscritos a la Secretaría del Bienestar y, en plenitud de jurisdicción, tuvo por acreditada la responsabilidad de veintidós servidoras y servidores públicos adicionales”.
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