El Gobierno ha tomado una decisión política de fondo y no se moverá salvo que la situación se descontrole absolutamente: las autonomías son las que tienen las competencias y ellas gestionarán las principales decisiones en esta fase de la pandemia. Así lo reclamaron en junio todos los grupos, desde los independentistas al PP. El Ejecutivo opta por trasladar a las comunidades toda la presión política que tuvo mientras estaba en vigor el estado de alarma. Pese a las quejas del PP, y algunas sentencias judiciales que complican la gestión, el Gobierno mantiene la línea.La política ha tenido una enorme influencia en la gestión del coronavirus en España. Durante semanas, la discusión fue sobre el estado de alarma. El PP rechazó la última prórroga, mientras la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de este partido, insistía, ya a finales de mayo, en que no era necesario prolongarlo y que había que “recuperar la normalidad” cuanto antes. El Gobierno, en contra de sus planes iniciales, y al ver que se arriesgaba a una derrota parlamentaria porque no solo el PP sino también grupos importantes de la mayoría le retiraban el apoyo, renunció antes de lo previsto al estado de alarma y dejó la responsabilidad de la gestión a las comunidades.Pero ahora son estas, sobre todo, las que están en una peor situación, y el PP quienes reclaman que el Gobierno tome las riendas. Y el Ejecutivo contesta que, una vez finalizado el estado de alarma, como se acordó en el llamado decreto de nueva normalidad, pactado con todas las comunidades y apoyado por el PP, son las autonomías las que han recuperado el control y el Gobierno no tiene manera de obligarles a nada. Solo puede, alegan fuentes del Gabinete, coordinar las decisiones en reuniones de los consejeros, como se hizo la semana pasada con las medidas de cierre del ocio nocturno o prohibición de fumar. Ahora el debate es sobre la vuelta al colegio. El PP insiste en que debe ser el Gobierno quien asuma las decisiones, y el Ejecutivo contesta que solo puede dar orientaciones, pero las autonomías tienen que decidir sobre sus competencias. Fuentes gubernamentales recuerdan que las comunidades han recibido 2.000 millones de euros para reforzar la educación y ponen como ejemplo la actuación de la Comunidad Valenciana, que ha contratado a 4.000 profesores y 3.000 monitores.“La responsabilidad de la pandemia es del Gobierno de España, con independencia de las competencias del Estado autonómico”, aseguró este viernes Ana Pastor, vicesecretaria de política social del PP, que acusó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de firmar el decreto de nueva normalidad antes del verano para, a partir de ese momento, “señalar a las comunidades como responsables de todo lo que ocurriera”. El Gobierno replica que la oposición no puede pedirle durante semanas que devuelva el control a las autonomías y ahora exigirle que sea él quien tome las decisiones.En otros países con situaciones parecidas, como Italia, las cosas se han resuelto de a manera diferente: a finales de julio, el Parlamento, también con el rechazo de la oposición de derecha y extrema derecha, aprobó una prórroga hasta el 15 de octubre del estado de emergencia. El primer ministro, Giuseppe Conte, prometió que solo se aplicarían nuevas limitaciones si fuese estrictamente necesario y que el objetivo era estar preparados ante los rebrotes.El Ejecutivo también ha aparcado las reformas legales que prometió hace semanas para dotarse de algún tipo de mecanismo legal que le permitiese tomar el control sin necesidad de decretar el estado de alarma. Fuentes del Gobierno señalan que han comprobado que esas reformas no tenían apoyo político en el Congreso y que lo más eficaz es pactar las decisiones en los consejos territoriales, como hizo la semana pasada y pretende hacer de nuevo el 27 con las medidas sobre la vuelta a los colegios. En La Moncloa lo tienen claro: salvo descontrol absoluto, que pese al aumento de casos aún no ven cercano, todas las decisiones importantes seguirán en manos de las autonomías.El Ejecutivo no ve base para la discusión legalEl Gobierno no comparte la decisión del juez de Madrid que ha tumbado el decreto que cerraba el ocio nocturno y limitaba el derecho a fumar en esta comunidad. Los expertos jurídicos del Ejecutivo han estudiado durante semanas la legislación y están convencidos de que las autonomías tienen margen legal más que suficiente para tomar decisiones así, que están dentro de sus competencias. Por eso creen que no habrá que hacer ninguna reforma más tras el decreto de nueva normalidad, que ya dejaba las cosas muy claras. El PP insiste en ofrecer al Gobierno una negociación de “un plan b jurídico”, pero La Moncloa contesta que con la legislación actual basta mientras no haya que limitar la movilidad entre autonomías.
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