Una justicia “plenamente confiable” e “inasequible a la corrupción”, aunque sometida de forma permanente a “presiones” por parte de los grupos políticos y económicos. Así ven los españoles a la Administración de Justicia, según una encuesta realizada por Metroscopia para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El estudio Los españoles y la Justicia, realizado a partir de 1.000 entrevistas hechas entre el 15 y el 20 de abril pasados, completa el sondeo realizado entre miembros de la Carrera Judicial publicado en octubre de 2020 (La Justicia vista por los jueces) y forma parte de los Barómetros de Opinión que el órgano de gobierno de los jueces viene realizando desde 1984.
El Poder Judicial es, según este estudio, el mejor valorado de los tres poderes del Estado, aunque un 48% de los encuestados opina que la Administración de justicia funciona mal, frente al 33% que cree que lo hace bien y el 18% que estima que lo hace regular. La fama de lentitud que arrastra hace que el 72% de los españoles piensen que, siempre que se pueda, es mejor evitar acudir a ella; y un porcentaje aún mayor, el 79%, sostiene que la justicia no cuenta con los recursos necesarios para poder actuar de forma más rápida y eficaz. Esta última creencia sube hasta el 87% entre quienes afirman haber tenido contacto como usuarios con los tribunales y se declaran satisfechos con la experiencia.
Al reconocimiento de la carencia de medios humanos y materiales de la justicia se suma la opinión —sostenida por el 84% de los encuestados— de que todos los Gobiernos, sea cual sea su orientación ideológica, muestran más interés por tratar de controlar a la justicia que por proporcionarle los recursos que precisa para funcionar de forma rápida y eficaz. Entre los españoles también es mayoritaria la sensación ―expresada por un 66%― de que los tribunales reciben presiones de forma permanente. El 89% de quienes lo afirman las atribuyen a los grupos políticos; el 86%, al Gobierno de turno; el 84%, a los grupos de presión económicos y sociales, y el 62%, a los medios de comunicación. Sin embargo, solo el 24% de los españoles cree que las presiones de que son objeto los tribunales acaban realmente influyendo en sus decisiones.
Evaluación positiva del Poder Judicial
Los españoles perciben un permanente riesgo de politización de la Justicia por las tensiones políticas que produce el nombramiento de vocales del CGPJ, aunque la encuesta revela que el 56% tiene buena opinión de la forma en que actúa el Consejo gestionando el funcionamiento de la Justicia y decidiendo los nombramientos de quienes han de presidir los distintos tribunales.
El 87% de los encuestados se muestra de acuerdo con la afirmación de que las actuales dificultades para renovar el órgano de gobierno de los jueces se deben a que los partidos políticos que tienen que designar a los vocales tienen más interés en tratar de nombrar a personas que les parecen ideológicamente cercanas que en seleccionar de común acuerdo a las más preparadas.
A pesar de las presiones y de las tensiones políticas en torno a ella, la mayoría de los españoles ve en la justicia una garantía determinante para la pervivencia de la democracia. Ante la afirmación “con todos sus defectos e imperfecciones, la Administración de Justicia constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades de los ciudadanos”, el 68% de los consultados afirmó estar de acuerdo, frente al 32% que se manifestó en desacuerdo. La proporción de ciudadanos que dijo percibir a la Administración de Justicia como la institución que representa la garantía última de los derechos y libertades es similar entre los jóvenes, de entre 18 y 34 años (67%); los de edad media, de entre 35 y 54 años (69%); y los mayores de 55 años (66%).
La encuesta revela asimismo que ocho de cada 10 encuestados (el 79%) considera que en España no existe posibilidad alguna de sobornar a un juez y que esta afirmación es hecha con la misma rotundidad por los votantes del PSOE, del PP, de Ciudadanos, de Unidas Podemos, de VOX y de partidos nacionalistas o independentistas, siendo estos últimos —con un 82%— los que en mayor porcentaje sostienen esta opinión. Esa misma opinión, y con idénticos porcentajes (e idéntica transversalidad entre los distintos electorados) se registra respecto de la Policía. Sin embargo, la opinión cambia cuando se trata de valorar la posibilidad de sobornar a alguien de la oficina de un tribunal para acelerar o retrasar una causa (el 67% no lo cree posible y el 26%, sí), a alguien de un ministerio para conseguir un contrato o una concesión (el 50% cree que no y el 46%, que sí) o a alguien de un Ayuntamiento para lograr un contrato o una licencia (la mayoría, el 54%, lo considera posible).
A la pregunta: “Imagine que estuviera usted procesado/a en una causa penal y que alguien le dijera que su asunto podría arreglarse haciendo algunos pagos ‘bajo cuerda’. A usted la propuesta le resultaría….”. El 60% responde que le resulta “inverosímil, algo difícil de tomar en serio”, mientras que el 37% lo ve “creíble, algo que podría ir en serio”. Tres de cada cuatro españoles (74%) aseguran también que, en general, los jueces son competentes y están bien preparados para el ejercicio de sus funciones, valoración en la que coinciden los encuestados de todo el arco ideológico-político y que entre los más jóvenes (18-34 años) asciende hasta el 82%.
Esta opinión se refleja en la clara preferencia de los ciudadanos por un juez profesional (60%) y no por un jurado (35%) para decidir sobre su culpabilidad o inocencia en el hipotético caso de haber cometido un delito. El 74% piensa que un juez está en mejores condiciones para dictar una sentencia que un jurado compuesto por personas elegidas al azar.
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