La derecha ha reaccionado con indignación ante el acuerdo de la mayoría del Senado para permitir el uso sin restricciones de las lenguas cooficiales en los debates de esa Cámara. En medio de los ataques de PP, Vox y Ciudadanos, que lo denuncian como otra concesión al independentismo, el PSOE y su nuevo portavoz parlamentario, Héctor Gómez, se han liado. Los socialistas apoyaron la medida en el Senado, la Cámara de representación territorial, y Gómez ha dado entender esta tarde que estarían dispuestos a “valorarlo” si alguien lo propone también en el Congreso. Apenas unos minutos después, los socialistas han aclarado las confusas palabras de Gómez: su posición es que “ha de cumplirse respecto a las lenguas lo que marca la Constitución y, por tanto, el uso del castellano en el Congreso”.
El Senado dio luz verde el pasado jueves a tramitar una propuesta de Junts per Catalunya para que catalán, gallego y euskera puedan ser usados indistintamente con el castellano en los debates de la Cámara. El PSOE aceptó la iniciativa, que implicará una reforma del reglamento, a la que se opusieron PP, Vox y Ciudadanos alegando que supondrá un incremento de gasto —unos 950.000 euros, según cálculos de los promotores de la iniciativa— porque obligará a contratar más traductores. Hasta ahora solo se permitía el uso del catalán, el gallego y el euskera en la defensa de mociones ante el Pleno.
Los tres partidos han vuelto a la carga esta mañana en declaraciones en el Congreso. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha instado al Gobierno a defender el castellano en Cataluña y Baleares, mientras criticaba la decisión del Senado como una “cesión a los independentistas” en una cuestión que “no va a arreglar para nada el día a día de las familias españolas”. “El castellano es el vehículo común en el que nos entendemos todos los españoles”, ha abundado el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha puesto el acento en que la decisión del Senado supondrá “triplicar el gasto en traductores”.
Ante esas críticas, Gómez ha replicado con una defensa del plurilingüismo “tan denostado y tan agredido” y ha apelado a la consideración de las lenguas cooficiales en la Constitución. Los periodistas le han preguntado con insistencia si su grupo apoyaría en el Congreso una iniciativa similar a la del Senado. Gómez se ha mostrado ambiguo, pero ha acabado diciendo que estaría dispuesto a “valorarlo” si alguien lo plantea. Poco después, matizó, a través de su grupo, que en la Cámara baja debe seguir empleándose el castellano.
En el Congreso es habitual que los diputados nacionalistas intercalen algunas frases en los idiomas de sus respectivos territorios, aunque, si prosiguen sus intervenciones sin usar el castellano, son llamados al orden por la presidencia apelando al reglamento. En la actual legislatura, algunos diputados como Albert Botran, de la CUP, o Néstor Rego, del BNG, han forzado que la presidencia les retirase la palabra por no hacer sus discursos en castellano para denunciar así lo que entienden como una “discriminación lingüística”.
Las reivindicaciones nacionalistas sobre la lengua se han mezclado con el inicio de las negociaciones del Gobierno con estos grupos para buscar apoyos a los próximos Presupuestos. Los partidos catalanes, sobre todo, aunque también vascos y gallegos, han emprendido una ofensiva contra el anteproyecto de ley del audiovisual del Gobierno para exigir que se fije una cuota mínima de producciones en catalán, euskera o gallego en las plataformas de contenidos como Netflix y HBO o de intercambio de vídeos, caso de YouTube o TikTok. Junts ha sido el más explícito al anunciar que si no se reforma ese proyecto, ni siquiera se sentará a negociar los Presupuestos. Esquerra no lo presenta en términos tan tajantes, pero sí ha situado el asunto en el primer lugar de sus reivindicaciones al Gobierno a la espera de comenzar la discusión sobre las cuentas del Estado.
Los propios socialistas catalanes se han mostrado favorables a atender esa demanda de los nacionalistas y han dado a entender que el Gobierno tiene también esa disposición. “Las lenguas cooficiales son una riqueza en el conjunto de España”, declaró el pasado miércoles en Onda Cero el líder del PSC, Salvador Illa, “y me parece que el Gobierno ha reiterado ya su compromiso con esas lenguas y está estudiando cuál es el mejor modo de recoger esto en la ley del audiovisual”.
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