La sexta ola de covid ha levantado el pie del acelerador y algunas comunidades también empiezan a mover ficha para flexibilizar sus restricciones. Tímidamente, por ahora, pero Cataluña, por ejemplo, la autonomía con las medidas más duras, levantará este viernes el toque de queda. Cantabria, por su parte, ha suprimido la exigencia del pasaporte covid para acceder a determinados espacios públicos y el Gobierno catalán también estudia la pertinencia de anular esta medida en su territorio. Las demás autonomías con limitaciones las mantienen, aunque en las próximas dos semanas decaen los plazos de vigencia de las restricciones y los gobiernos autonómicos tendrán que volver a sentarse para decidir si las renuevan o no. Los expertos consultados llaman a la “cautela” y alertan de que una relajación de las medidas puede lanzar un mensaje equivocado a la población de que la pandemia está acabada. Y no es así, insisten.
La curva epidémica sigue disparada con 3.286 casos por 100.000 habitantes a 14 días (20 puntos menos que el martes) y la presión asistencial persiste —casi una de cada cuatro camas de cuidados intensivos está ocupada por pacientes con covid—, pero la sexta ola ha lanzado ya las primeras señales de ralentización en el ritmo de contagios. De hecho, este miércoles es el segundo día consecutivo en el que baja ligeramente la incidencia después de dos meses al alza, aunque está por ver si la tendencia se consolida en los próximos días. Este freno en la aceleración de los contagios, sumado a una tensión hospitalaria relativamente contenida —aunque elevada, está lejos de las situaciones de colapso de otras olas (en febrero de 2021 se superaron los 4.800 hospitalizados con covid en la UCI, más del de los actuales)—, ha vuelto a poner sobre la mesa de las autonomías la pertinencia o no de mantener las restricciones. En un escenario de gran heterogeneidad en las restricciones por territorios —comunidades como Madrid, Castilla y León o Extremadura, entre otras, optaron por una política de recomendaciones, no de directrices—, las autonomías vuelven a sopesar las medidas. Y también del Gobierno central.
A propósito del anuncio de flexibilización de medidas de algunos países europeos, como el Reino Unido, que levantará la obligación de la mascarilla en el transporte público, cines o teatros a partir del 27 de enero, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha optado por lanzar un mensaje de prudencia: “Hoy [por este miércoles] es el segundo día en el que hemos cambiado la tendencia y lo importante es ver la evolución de todos los indicadores del nivel de riesgo. Cuando tengamos bien consolidada la situación, estaremos en condiciones de seguir abordando los siguientes pasos a dar, siempre desde el seno del Consejo Interterritorial, la cogobernanza y el mayor consenso posible”. Ante el auge de contagios a finales de año, el Gobierno anunció el 23 de diciembre la vuelta de las mascarillas en la calle “durante el tiempo imprescindible hasta que mejore la situación epidemiológica”, dijo Darias entonces. La ministra ha emplazado este miércoles a seguir la evolución de la curva en los próximos días para constatar la mejora de la situación epidémica: “Es necesario valorar la evolución en los próximos días y esperar la consolidación de la bajada, que indicaría que hemos pasado el pico”.
Algunas autonomías, no obstante, ya han empezado a moverse y Cataluña ha anunciado el fin del toque de queda a partir de este viernes. La comunidad con las medidas más severas mantendrá, eso sí, el resto de directrices, como la limitación de reuniones sociales hasta un máximo de 10 personas, ocio nocturno cerrado y aforos reducidos en la restauración y los eventos culturales y deportivos. A pesar de que la región sigue batiendo récord de contagios y tiene más de 500 enfermos con covid en las unidades de cuidados intensivos (UCI), el Govern justificó el fin del confinamiento nocturno alegando la desaceleración del ritmo de contagios y el control de la situación hospitalaria. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, mostró su convencimiento de que “las medidas tomadas antes de Navidad han minimizado las consecuencias de ómicron”: “ Si bien no hemos llegado al pico, todas las tendencias apuntan a una desaceleración de la pandemia. Por ello, la Generalitat levantará el toque de queda”, agregó.
Cantabria, por su parte, ha optado por no prorrogar la exigencia del pasaporte covid para entrar en los restaurantes. La medida decaía este miércoles y el gobierno regional ha rechazado renovarla porque, según la Consejería de Sanidad, ya no cumple el objetivo de cortar la transmisión del virus en espacios interiores ahora que domina la variante ómicron, que es más contagiosa y es capaz de infectar tanto a vacunados como a no vacunados. “La medida no tiene efectividad y se deja de aplicar”, zanjó el director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann.
En esta línea también se ha posicionado Cataluña, que estudiará la posibilidad de levantar el uso del pasaporte covid, admitió la secretaria de Salud Pública, Carme Cabezas: “Creemos que ha hecho su efecto: ha concienciado sobre la importancia de la vacunación y también se aplicó para concienciar de que estábamos en situación de pandemia. Vemos que ómicron es muy trasmisible y hay elementos que confirman que estando vacunado se puede contagiar”. Andalucía, que tiene el pasaporte covid vigente hasta el 31 de enero para entrar en la hostelería, el ocio nocturno, hospitales y residencias, no se plantea renovarlo, según fuentes de la consejería, aunque fían la decisión final a la evolución de la pandemia.
Los expertos consultados coinciden en que la exigencia del certificado covid ha servido para alentar la vacunación de los más rezagados, pero sus funciones han tocado techo, apunta Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología: “Los argumentos de Cantabria son acertados. No es la mejor medida para este momento epidemiológico. Dejar de pedirlo no va a tener una especial repercusión más allá de que jugó un papel para incentivar la vacunación en personas reticentes”. Juan Antonio Sanz Salanova, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, agrega, además, que “el cumplimiento de la medida ha sido malo” y no todos los locales pedían el documento en la entrada.
Certificado, aliento para la vacunación
Tampoco será fácil para los gobiernos autonómicos, apunta Salvador Peiró, epidemiólogo de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), “explicar los beneficios de la medida al juez para que la acepte”. El uso del pasaporte covid requiere aval judicial. “En cuanto a la transmisión, se le ha acabado la vida útil. En Europa hay tasas de vacunados más bajas y ponen medidas aún más restrictivas del pasaporte porque lo que están haciendo es forzar la vacunación”, resuelve Peiró. Precisamente, un estudio preliminar (todavía no ha sido revisado por pares ni publicado en una revista científica) con datos de Italia, Francia y Alemania, concluyó que, desde el verano de 2021 hasta finales de año, la exigencia del pasaporte covid ha permitido un aumento de las tasas vacunales de alrededor de 13 puntos porcentuales de la población total en Francia, de 6,2 puntos en Alemania y 9,7 puntos en Italia.
Daniel López-Acuña, exdirector de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera, sin embargo, que esta medida tiene margen de maniobra aún en España. A pesar de que el 80% de la población española ha completado la pauta vacunal, hay espacio de mejora, asegura: “Sigo viendo un gran tema en los cuatro millones de personas que no han completado la pauta vacunal. Si somos más rigurosos con el pasaporte vacunal, vamos a inducir más la vacunación, aunque no la resolvamos”.
El resto de comunidades con restricciones todavía no han anunciado cambios, pero el plazo de vigencia de las medidas tiene los días contados. En Asturias, por ejemplo, el ocio nocturno está cerrado hasta el 27 de enero y en el País Vasco, todas sus restricciones —entre otras, aforos al 60%, horarios limitados en todas las actividades no esenciales hasta la 1.00 y prohibición de consumir de pie en restaurantes, bares y discotecas— están vigentes hasta el 28 de enero. En Navarra, las limitaciones sanitarias (cierre de hostelería, ocio nocturno y comercio desde la una de la mañana hasta las seis, prohibición del consumo en barra, entre otras) van a mantenerse activas, por lo menos, hasta el 31 de enero. Como en La Rioja, que este miércoles las ha prorrogado hasta final de mes. Y en Murcia, donde no se plantea ninguna modificación, están activas hasta el 4 de febrero.
Canarias, por su parte, incluso las ha reforzado y, además de volver a solicitar la ampliación de uso del pasaporte covid un mes más (la medida decaía el 24 de enero), Gran Canaria y La Palma tendrán las limitaciones más severas, como Tenerife (la hostelería, por ejemplo, debe cerrar a medianoche). Galicia también mantiene prácticamente intactas las restricciones que impuso a las puertas de la Navidad y las limitaciones de aforo y horario en la hostelería se han prorrogado hasta el 12 de febrero, mientras que la exigencia del pasaporte covid y la prohibición de reuniones públicas y privadas, hasta el 29 de enero, aunque esta última medida pasa a aplicarse solo los fines de semana. El Gobierno gallego ha anunciado, además, que ya que prepara un protocolo para limitar las aglomeraciones en la celebración del Carnaval a finales de febrero.
Cautela
Ante los primeros movimientos de una eventual desescalada, los expertos piden “cautela”. Primero, porque serán precisos unos días para consolidar la tendencia favorable de la curva epidémica y, en cualquier caso, porque la transmisión es tan alta que la circulación del virus tardará en bajar. López-Acuña apuesta por mantener restricciones: “La estrategia que deberíamos seguir es hacer todo lo posible para mitigar la sexta ola más pronto que tarde. Las limitaciones al ocio nocturno, el toque de queda, los horarios reducidos y el aliento al teletrabajo nos van a ayudar y deberían seguir todo enero y parte de febrero”. Coincide Sanz Salanova: “No estamos en momento de flexibilizar nada. Está empezando a cambiar la tendencia, pero si reducimos las pocas medidas que tenemos, nos arriesgamos a que vuelva a repuntar la epidemia”.
Los expertos admiten, de hecho, que las medidas vigentes para contener la circulación del virus eran escasas antes y lo siguen siendo ahora. Según Salvador Peiró, las medidas “estrella”, como el uso del pasaporte covid o la mascarilla en exteriores, “son retóricas” y tienen poco impacto para reducir la transmisión. “El uso alocado de los test de antígenos para aumentar la interacción en Navidad o el fin de las cuarentenas a los contactos estrechos también incrementaron la transmisión”, reflexiona. Sanz Salanova achaca, de hecho, el freno de los contagios, no solo a las restricciones en sí, sino también las propias dinámicas de la sociedad, que ha dejado de reunirse e interactuar tanto como en Navidad, y al propio virus: “Ha afectado a mucha gente y ya le queda menos gente que contagiar”.
Pero Zurriaga insiste en que no es el momento de flexibilizar restricciones. Y más que por las medidas en sí, por el mensaje que puede trasladarse a la calle, puntualiza. “Lo que no se debe transmitir es que si quitamos las medidas, esto ya se ha acabado. La mascarilla en la calle es una medida obsoleta desde el momento en el que se puso y, a pesar de que ya no sirve, es más perjudicial quitarla que mantenerla porque puede dar la sensación de que ya no pasa nada”.
Para surfear un eventual descenso de la sexta ola, Peiró apuesta por “una reducción de contactos que no sea muy dolorosa en términos sociales para ralentizar la transmisión”. Esto es, teletrabajo y aforos reducidos en algunos espacios. Y también reducir cargas burocráticas en atención primaria y vigilar con atención eventos importantes en espacios cerrados. “No estamos en la gripe ni en el invierno pasado. Ni podemos dejar de aislar a los positivos ni encerrarnos todos. Hay que buscar un término medio”.
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