Infraestructuras de extracción de petróleo y gas con la técnica de fracturación hidráulica en Loveland, Colorado (EE UU).Helen H. Richardson ()
“Seguimos dentro todavía” (We are still in, en inglés). Era el mensaje que los demócratas de Estados Unidos, con la presidenta del Congreso a la cabeza, Nancy Pelosi, repetían en 2019 por los pabellones de Ifema, en Madrid. A finales de ese año, cuando todavía ocupaba Donald Trump la Casa Blanca, la capital de España acogió la cumbre del clima de la ONU. Y los demócratas se esforzaban por explicar que, a pesar de Trump —que llegó a sacar a su país del Acuerdo de París—, dentro de EE UU había gobiernos locales y estatales comprometidos con la lucha contra el cambio climático. “Hemos vuelto”, repitieron a partir de 2021 los demócratas tras conseguir desalojar a Trump del poder y volver a integrar a Estados Unidos dentro del Acuerdo de París y de la negociación climática global. Pero la sentencia del Tribunal Supremo que ahora limita el margen de actuación del Gobierno federal y de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) para restringir las emisiones de efecto invernadero supone un nuevo golpe a la credibilidad de EE UU en la lucha internacional contra el calentamiento. Como “un revés” en la “lucha contra el cambio climático” ha definido una portavoz de la ONU el fallo, que “dificultan el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París”.
La Administración de Joe Biden regresó a la lucha contra la crisis climática con aspiraciones declaradas de liderar esta batalla internacional y en abril de 2021 organizó una cumbre. Biden se rodeó virtualmente de 40 líderes mundiales —entre ellos, el ruso Vladímir Putin y el chino Xi Jinping— y anunció un ambicioso objetivo: EE UU reduciría entre un 50% y un 52% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles de 2005. Estados Unidos se situaba así en el grupo de las potencias más ambiciosas, casi a la par de la Unión Europea. Sin embargo, la mácula sobre la fiabilidad de EE UU —el principal responsable histórico del calentamiento, aunque en estos momentos el primer emisor mundial sea China— continuaba por su pasado y por los problemas que podría tener Biden a la hora de aplicar las políticas necesarias para cumplir sus promesas ante la ONU, como ocurre ahora con el fallo del Supremo, controlado por la mayoría conservadora.
Ese compromiso de recortar las emisiones hasta un 52% en 2030 lo presentó Biden ante Naciones Unidas en el marco del Acuerdo de París, firmado en 2015. Aquel pacto salió adelante gracias en gran parte a la implicación del expresidente Barack Obama, pero el diseño y articulado del acuerdo —que no establece recortes concretos a los firmantes, sino que cada país se fija sus metas— se acomodó a las necesidades de EE UU. El texto de París se limpió de fórmulas vinculantes para evitar que los demócratas pudieran tener de nuevo problemas para la ratificación del Acuerdo de París dentro de su país.
Porque ya existían antecedentes de una espantada climática. Ocurrió con el pacto que antecedió a París: el Protocolo de Kioto. El tratado, que obligaba a los países desarrollados a reducir sus emisiones, no fue ratificado finalmente por la Administración del republicano George W. Bush en 2001. Algo que no cambió con los siguientes Gobiernos.
Biden parecía decidido a cambiar las cosas, pero su política se queda ahora coja. El problema es que hace falta actuar rápido, como advierten desde la ciencia, y no será posible. En su voto particular, los tres jueces progresistas que se han opuesto a la sentencia, razonan que una de las principales razones por las que el Congreso realiza amplias delegaciones es para que un organismo como la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) “pueda responder, de forma adecuada y proporcional, a los nuevos y grandes desafíos”.
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“El Congreso sabe lo que no sabe ni puede saber cuando redacta una ley; por ello, otorga a una agencia experta el poder de abordar los problemas —incluso los más importantes— a medida que van surgiendo. Eso es lo que hizo el Congreso”, suscriben los tres jueces, que aseguran que la sentencia “priva a la EPA del poder necesario —y del otorgado— para frenar la emisión de gases de efecto invernadero”. Los seis jueces conservadores sostienen que hace falta una clara delegación expresa y concreta del Congreso para que la EPA pueda imponer límites a las emisiones. Biden no tiene mayoría en el Congreso para sacar adelante una nueva legislación restrictiva.
“El tribunal impide hoy la acción de una agencia autorizada por el Congreso para frenar las emisiones”, continúan los jueces. “El tribunal se nombra a sí mismo, en lugar de al Congreso o a la agencia experta, como responsable de la política climática. No se me ocurren muchas cosas más aterradoras. Respetuosamente, disiento”, escribe la jueza Elena Kagan en su voto particular, que forma parte de las 89 páginas de la sentencia y que también firman Stephen Breyer y Sonia Sotomayor.
Segundo emisor mundial
Desde el fiasco de la ratificación de Kioto a principios de esta década ha dado tiempo a que China se convierta en el primer emisor de gases de efecto invernadero. Pero EE UU sigue siendo el segundo. Ambas potencias expulsan alrededor del 40% de todos estos gases del mundo.
Si el problema de Estados Unidos es de credibilidad y de imposibilidad de poner en marcha instrumentos para el cumplimiento de unas promesas ambiciosas, el de China es de objetivos. Hasta la fecha, la potencia asiática solo se ha fijado alcanzar su pico de emisiones en 2030 y a partir de ese momento las reducirá. China sigue defendiendo que existen responsabilidades comunes pero diferenciadas, en referencia a que los países desarrollados deben hacer más que el resto. Y en cada cumbre climática sus negociadores inciden en que ellos cumplen con lo que se comprometen, un reproche velado a EE UU y su voluble compromiso contra el calentamiento.
El 29% de los gases de efecto invernadero de EE UU vienen actualmente del transporte. Le siguen la generación de electricidad (25%) y la industria (23%). Para cumplir sus promesas climáticas, Biden debería poner en marcha medidas en todos estos sectores. Pero muchas de las políticas climáticas que ha intentado desarrollar se han dado de bruces con el Congreso o con los tribunales, como ahora.
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“El poder judicial y el poder legislativo están obstaculizando seriamente la capacidad de Joe Biden para hacer el trabajo sobre el clima”, resumió ayer Richard Lazarus, profesor de derecho ambiental en la Universidad de Harvard, en declaraciones a The New York Times. Este nuevo golpe desde el Supremo llega en un momento muy delicado para la lucha climática en el que el alza de precios de los combustibles fósiles y la guerra en Ucrania ha hecho que muchas potencias se alejen aún más de sus compromisos climáticos. La última cumbre climática, celebrada en noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow, se cerró con un llamamiento a reducir las ayudas públicas a los combustibles fósiles. Pero la mayoría de países está aumentando ahora estas subvenciones ante el alza de los precios de la gasolina y diésel. Y, tras su última reunión, los miembros del G-7 difundieron una declaración pública en la que se defendía “la inversión con apoyo público en el sector del gas” como respuesta “temporal” a las restricciones en la llegada de gas ruso.
De aquella cumbre también salió un compromiso de más de un centenar de países para reducir las emisiones de metano un 30% a finales de esta década. Esa promesa estaba liderada por la Unión Europea y por Biden, y para su aplicación en EE UU —que afecta en gran medida a la industria del petróleo, el gas y el carbón— la EPA a la que ahora se le han cortado las alas era un instrumento fundamental.
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