ST. LOUIS — Un juez federal denegó una solicitud de una mujer de 19 años para permitirle presenciar la muerte de su padre por inyección, confirmando una ley de Missouri que prohíbe que cualquier persona menor de 21 años sea testigo de una ejecución.
Está previsto que Kevin Johnson sea ejecutado el martes por matar al oficial de policía William McEntee en Kirkwood, Missouri, en 2005. Los abogados de Johnson tienen apelaciones pendientes que buscan salvarle la vida.
Su hija, Khorry Ramey, había tratado de asistir a la ejecución y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles había presentado una moción de emergencia ante un tribunal federal en Kansas City. La presentación judicial de la ACLU dijo que el requisito de edad no tenía ningún propósito de seguridad y viola los derechos constitucionales de Ramey. Pero el juez federal de distrito Brian C. Wimes dictaminó que la ley no violaría los derechos constitucionales de Ramey.
“Estoy desconsolada porque no podré estar con mi papá en sus últimos momentos”, dijo Ramey en un comunicado. “Mi papá es la persona más importante en mi vida. Ha estado ahí para mí toda mi vida, a pesar de que ha estado encarcelado”.
Si bien el juez reconoció que la ley causaría daño emocional a Ramey, descubrió que era solo una parte de la consideración del tribunal y que la ley no violaba sus derechos constitucionales.
Ramey dijo que estaba rezando para que el gobernador Michael Parson le concediera clemencia a su padre. Los abogados de Johnson han presentado apelaciones para detener la ejecución. No cuestionan su culpabilidad, pero afirman que el racismo desempeñó un papel en la decisión de solicitar la pena de muerte y en la decisión del jurado de sentenciarlo a muerte. Johnson es negro y McEntee era blanco.
Los abogados de Johnson también han pedido a los tribunales que intervengan por otras razones, incluido un historial de enfermedad mental y su edad: tenía 19 años en el momento del crimen. Los tribunales se han alejado cada vez más de condenar a muerte a los delincuentes adolescentes desde que la Corte Suprema prohibió en 2005 la ejecución de delincuentes que tenían menos de 18 años en el momento del delito.
En una presentación judicial ante la Corte Suprema de EEUU, la Oficina del Fiscal General de Missouri declaró que no había motivos para la intervención judicial.
“Las víctimas sobrevivientes de los crímenes de Johnson han esperado lo suficiente por la justicia, y cada día más que deben esperar es un día en que se les niega la oportunidad de finalmente hacer las paces con su pérdida”, decía la petición estatal.
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