Edmundo Jacobo, Secretario Ejecutivo del INE, durante una conferencia de prensa en 2019.Rogelio Morales Ponce (Cuartoscuro)
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha propinado una nueva derrota al plan B de Andrés Manuel López Obrador. En una votación dividida, los magistrados han resuelto este miércoles que el artículo transitorio de la reforma electoral impulsada por el presidente no es aplicable. Esta decisión deja sin efecto el cese de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE). El Tribunal ha ratificado que los legisladores no tienen facultades de intervenir en la designación de ese cargo y que el INE es el único encargado de hacer el nombramiento. El Gobierno, por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, califica la resolución como “ilegal” al considerar suplanta las competencias de la Suprema Corte.
El fallo de la Sala Superior del TEPJF se inclinó por anteponer la autonomía del INE y declarar que el artículo 17 transitorio es anticonstitucional. “Otra gran noticia del Poder Judicial para frenar el plan B”, señaló el consejero electoral, Ciro Murayama, en sus redes sociales. El argumento que daba la mayoría de Morena en el Congreso es que la reforma electoral cambiaba las funciones del Secretariado Ejecutivo y que, por eso, se justificaba la remoción de Jacobo del cargo a partir de la entrada en vigor del nuevo decreto, en la primera semana de marzo. “Con esto se cierra uno de los primeros (pero más nefastos) episodios de ese concierto de inconstitucionalidades llamado plan B”, comentó el abogado Javier Martín Reyes.
La magistrada Janine Otálora, autora del proyecto que se discutió, explicó que el artículo en cuestión no es aplicable porque va en contra del orden legal. “Es inconstitucional por incidir en la autonomía y la independencia funcional de la autoridad”, dijo Otálora como primer argumento. “Esta Sala Superior es garante de esa autonomía”, agregó. “Se busca evitar justamente la injerencia o presión de agentes externos o la intromisión de los poderes constituidos, que pudieran poner en riesgo su operación y el cumplimiento de sus funciones”, zanjó la magistrada. Hubo tres votos a favor y tres en contra, pero el voto de calidad del presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez, inclinó a que se aprobara el proyecto de Otálora.
Un juez había dado la razón a Jacobo y le otorgó un amparo el pasado 10 de marzo para reincorporarse a su cargo hasta que la Suprema Corte resolviera sobre la constitucionalidad del plan B. Tanto el INE como la oposición han presentado recursos ante el máximo tribunal para apelar la aprobación de la nueva reforma electoral, que incidirá en el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2024. La mayoría de los asuntos sigue bajo análisis. La respuesta crítica de gobierno al fallo ha subrayado que se trata de “una resolución inédita que notoriamente invade las facultades constitucionales de la Suprema Corte”.
López Obrador ya se había quejado del regreso de Jacobo al INE, que ha estado en el puesto casi 15 años, tanto en la presidencia de Leonardo Valdés Zurita como en la de Lorenzo Córdova. “Una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo”, dijo el mandatario el pasado 14 de marzo. “Desde 2014, el partido del presidente ha tenido múltiples triunfos, por ello uno se pregunta ¿eso fue producto del fraude?”, reviró el funcionario en una entrevista con la periodista Azucena Uresti. Su periodo concluye en 2026.
El regreso de Jacobo elevó las tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial. Un grupo de simpatizantes se plantó esta semana en la entrada de la Suprema Corte para exigir la salida de Norma Piña, presidenta del Alto Tribunal, desde enero pasado. El pasado fin de semana, otro grupo de seguidores quemó un muñeco de Piña durante una concentración convocada por el Gobierno para celebrar el aniversario de la Expropiación Petrolera. “No hay que llegar a esos extremos”, admitió López Obrador, aunque tachó a quienes denunciaron el acto como “hipócritas” y los acusó de guardar silencio cuando sus adversarios tomaron acciones similares.
La batalla por la constitucionalidad del plan B ha puesto en el ojo del huracán a la Suprema Corte y al Poder Judicial, que ha tratado de ignorar la tormenta política. La mirada está puesta, además, en la renovación del Consejo del INE las próximas semanas, con las salidas de Córdova, Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña previstas para el próximo 3 de abril.
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