Bruselas y los países de la Unión Europea deben oponerse “inequívocamente” a los planes e iniciativas legales para alterar unilateralmente el estatus y las fronteras de Jerusalén, donde Israel ha acelerado “drásticamente” en el último año la presión a la población palestina. Es uno de los mensajes que los representantes diplomáticos en Jerusalén Este y Ramala de casi todos los Estados miembros ―más el delegado comunitario― trasladan al Servicio Exterior en Bruselas en un informe confidencial al que ha tenido acceso .
En su último informe anual sobre la ciudad, los jefes de misión europeos ante la Autoridad Palestina (en Jerusalén y en Ramala) advierten de que los acontecimientos de 2022 “pusieron de relieve la creciente fragilidad de la presencia palestina en Jerusalén, la exacerbación de las condiciones socioeconómicas de los palestinos y la necesidad de su protección”. Es el caso de su “separación de la vida política, social y económica de la ciudad”, de las demoliciones de hogares, de la construcción de nuevas viviendas en asentamientos y de los planes para crear nuevos en el este de la ciudad, que Israel tomó en la Guerra de los Seis Días de 1967 y se anexionó posteriormente.
Los representantes diplomáticos también destacan el aumento “significativo” de los arrestos y operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes; la “presión sobre las instituciones palestinas”, como las escuelas; la erosión del statu quo en la Explanada de las Mezquitas o los crecientes ataques a lugares sagrados del cristianismo. Son “tendencias generales”, matizan, ya señaladas en anteriores ocasiones, pero que “empeoraron” en 2022. Algunos de los principales puntos se repiten desde hace años.
Pese al ruido generado por el regreso al poder de Benjamín Netanyahu en coalición con la ultraderecha y los ultraortodoxos, 2022 ya dejó ―con el Gobierno previo de Naftali Bennett y Yair Lapid― cifras de muertos en Cisjordania y de construcción en los asentamientos inéditas en dos décadas. El nuevo Ejecutivo de Netanyahu no tomó posesión hasta el 29 de diciembre.
Los palestinos (unos 340.000) son el 38,5% de la población de la ciudad, pero solo se destina a sus barrios el 15% del presupuesto municipal. Apenas el 45% está conectado adecuada y legalmente al sistema de agua potable, recuerda el documento, que apoyan 21 de los 23 Estados miembros con representación en Jerusalén o Ramala.
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Faltan Hungría y República Checa, que consideraron que el lenguaje del texto era demasiado beligerante hacia Israel, explica una fuente diplomática europea. Son dos países con Gobiernos cercanos a Israel. Praga abrió, de hecho, en Jerusalén en 2021 una sucursal de su Embajada en Tel Aviv, y cada pocos meses resurgen las informaciones, a partir de fuentes anónimas, de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se dispone a romper la baraja comunitaria y a convertirse en el primer país de la UE en trasladar su Embajada a Jerusalén.
El documento insiste en la importancia de que “la ubicación de las misiones diplomáticas concuerde con la resolución 478 de Naciones Unidas”, es decir, la que condenó en 1980 la anexión de Jerusalén Este y la declaración de la ciudad como la capital “unificada” de Israel. Este cierre de filas ostenta particular importancia desde 2017, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la ciudad como capital de Israel y trasladó allí la Embajada en Tel Aviv. Su sucesor, Joe Biden, no ha revertido esta importante y simbólica medida, que la UE rechaza al considerar ―como casi todo el resto de países― que corresponde a las partes negociar el estatus de la ciudad en un diálogo de paz.
Los representantes diplomáticos apuntan además el peligro de que se complete un anillo de asentamientos que aislaría a Jerusalén de Cisjordania. También advierten del uso ―por las autoridades israelíes y las organizaciones de colonos― de la arqueología y del turismo con el aparente objetivo de “fortalecer la narrativa sobre Jerusalén judía e inspirada por la Biblia”. Es el caso de la Ciudad de David, en el barrio palestino de Silwán, a los pies de la ciudadela amurallada, que está en manos de la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel, pero gestiona una fundación ultranacionalista. Los representantes diplomáticos abogan por sacar este tema tanto en el ámbito bilateral como en los foros internacionales y apoyar, en paralelo, una estrategia de turismo palestina en el este de la ciudad, donde se encuentran monumentos religiosos y turísticos clave, como la Explanada de las Mezquitas o el Santo Sepulcro.
El documento recuerda asimismo que seis palestinos han perdido la residencia en Jerusalén en virtud de una enmienda legal aprobada en 2018. La gran mayoría de residentes en Jerusalén Este tiene un permiso de residencia permanente que expide Israel. Aquel año, el Parlamento confirió al Ministerio de Interior la potestad de revocárselo a quienes hayan cometido ataques, puesto en peligro la seguridad pública o “traicionado al Estado de Israel”. El último fue el abogado de derechos humanos franco-palestino Salah Hamouri, deportado a Francia el pasado diciembre.
Entre las medidas que piden “considerar” en el anexo de recomendaciones, están dos relacionadas con la política de fronteras. Una es impedir la entrada a “colonos violentos conocidos y aquellos que llaman a actos de violencia”. La otra, aplicar el principio de reciprocidad con “las prácticas discriminatorias israelíes con los visados que restringen la libertad de movimientos de los ciudadanos de la UE”.
La muerte silenciosa de la reforma judicialManifestación contra la reforma judicial y el Gobierno de Netanyahu, este domingo en Tel Aviv.Ronen Zvulun (REUTERS)
Cuatro ministros del Likud, el partido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han admitido al diario Yediot Aharonot que la polémica reforma judicial está virtualmente “muerta”.
Presionado por las manifestaciones, los mensajes desde Washington y la creciente extensión de la protesta al seno de las Fuerzas Armadas, Netanyahu anunció el pasado marzo el aplazamiento de la reforma al presente periodo de sesiones parlamentarias, que concluye en julio. Gobierno y oposición negocian desde entonces un texto de consenso. Según los ministros, Netanyahu está dejando pasar el tiempo pasar sin intención ya de convertirla en realidad, cercado, por un lado, por la fuerza de las manifestaciones y, por el otro, por su ministro de Justicia, Yariv Levin, y por la ultraderecha, que presionan para que salga adelante.
“En lo que a él respecta, las negociaciones podrían continuar hasta la eternidad”, asegura irónico uno de ellos. A raíz de la información del diario, el jefe de Gobierno ha asegurado este lunes en una reunión interna de la formación que cree en seguir negociando, pero la iniciativa “no está muerta”.
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