Los consejeros electorales Jaime Rivera y Martín Faz se deslindaron del documento enviado por el Instituto Nacional Electoral (INE) al Congreso con observaciones sobre la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, al señalar que no fue producto de una deliberación formal del colegiado.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Rivera explicó que el contenido de dichas propuestas técnicas es desconocido por los consejeros, ya que no se discutió institucionalmente. “Ignoramos porque no fue tratado”, puntualizó. Recordó que, a diferencia de una iniciativa anterior en materia electoral, en esta ocasión no ha existido un proceso formal de análisis dentro del Consejo General.
Subrayó que, en consecuencia, el INE no ha emitido una postura colegiada sobre la nueva reforma. “No estamos haciendo propuestas como colegiado”, indicó, y precisó que, en caso de que algunas áreas técnicas hayan elaborado sugerencias, estas corresponderían únicamente a la opinión de quienes las formularon y no al Instituto en su conjunto.
Por su parte, el consejero Martín Faz detalló que sí se planteó una posible reunión con comisiones del Senado, pero la convocatoria se realizó “muy de botepronto”. Según relató, el aviso se dio un día antes de la fecha prevista, lo que dificultó la asistencia de varias consejerías. Aunque se propuso reprogramar el encuentro, finalmente se canceló por conflictos de agenda.
Sobre el contenido de la iniciativa, el consejero Jaime Rivera señaló que, como institución, el INE podría formular observaciones técnicas en su momento, mientras que los posicionamientos individuales formarían parte de una eventual deliberación interna. Entre los aspectos que destacó se encuentra la propuesta de realizar la consulta de revocación de mandato el mismo día de la jornada electoral.
Al respecto, advirtió que esta modificación implicaría cambios relevantes en el marco constitucional vigente, que actualmente establece que dicho ejercicio debe realizarse en el año posterior a la elección. Además, señaló que la revocación de mandato está concebida como un mecanismo excepcional, destinado a situaciones de fuerte inconformidad ciudadana con el desempeño de un gobernante.
Rivera explicó que la normativa también prohíbe la participación del titular del Ejecutivo en este tipo de procesos, tanto en propaganda como en cualquier otra forma de intervención. A ello se suma lo dispuesto por el artículo 134 constitucional, que impide a los servidores públicos involucrarse en la competencia entre partidos políticos. En ese sentido, advirtió que un cambio de esta naturaleza “impactaría mucho en la Constitución y estaría cambiando algunos de los principios que buscan darle equidad y autenticidad a una votación de este tipo”.
Cuestionado sobre la posibilidad de que la presidenta aparezca en la boleta en un ejercicio de revocación concurrente con elecciones, Rivera consideró que ello equivaldría a una candidatura. “Sí, equivaldría a que la presidenta fuese candidata. Tal cual”, afirmó, al explicar que en ese escenario tendría incentivos y posibilidades de hacer campaña en defensa de su permanencia en el cargo.
Sin embargo, señaló que la legislación mexicana no contempla que un servidor público en funciones pueda ser candidato -salvo excepciones específicas- y que, de ocurrir, se generarían tensiones con las disposiciones constitucionales que prohíben la intervención de funcionarios en procesos electorales. Añadió que, en la práctica, esto implicaría el uso de recursos públicos en un contexto de competencia política, lo que podría vulnerar las condiciones de equidad.
El consejero advirtió que este escenario representaría una “desnaturalización” tanto del cargo presidencial como del propio mecanismo de revocación de mandato, al convertirlo en un proceso equiparable a una campaña electoral. Asimismo, anticipó posibles efectos como sobrecarga operativa en las casillas, confusión entre los electores y una afectación significativa a la equidad de la contienda.
Mientras que el consejero Martín Faz advirtió riesgos operativos derivados de concentrar múltiples elecciones en una misma jornada. Señaló que la concurrencia de procesos con reglas distintas -como las elecciones del Poder Judicial, donde no participan partidos, frente a las legislativas y locales, donde sí lo hacen- obligaría a instalar estructuras diferenciadas. Esto implicaría, dijo, duplicar casillas, personal, materiales y capacidades logísticas.
El consejero sostuvo que este escenario incrementaría costos y complejidad, en contraste con la premisa de simplificación. “La concurrencia de distintas elecciones en una jornada electoral aumenta los costos y además representa un riesgo de saturación operativa del sistema electoral”, advirtió. También alertó sobre posibles efectos en la calidad y oportunidad de los resultados, al coincidir cómputos de distintos procesos en un mismo periodo.
Recordó que ejercicios previos, como la elección del Poder Judicial, han requerido varios días de cómputo, por lo que sumar otros procesos simultáneos podría generar “confusiones, errores” y una carga operativa considerable. En ese sentido, mencionó que el INE había propuesto previamente separar la elección judicial y realizarla en otra fecha para aprovechar mejor la infraestructura y capacitación existente.