La tormenta política del caso de Alexéi Navalni amenaza con desbordar al gigante de la cosmética Yves Rocher. Los trabajos hechos hace más de una década por una sociedad de los hermanos Navalni para la multinacional francesa están en el origen de la última condena contra el destacado opositor ruso, sentenciado a tres años y medio de prisión. Por esto, los partidarios del activista ruso han llamado al boicot contra Yves Rocher, a la que la acusan de colaborar con el Kremlin para silenciar a Navalni. La firma francesa también se enfrenta a su vez a un nuevo proceso judicial, esta vez en los tribunales franceses, debido a la demanda puesta por el opositor y por su hermano pequeño, Oleg, por participar —supuestamente a sabiendas de que no había motivos razonables para ello— en el proceso por fraude en el que ambos fueron condenados por la justicia rusa en 2014. Aquel polémico caso, que ha permanecido congelado como una bala en la recámara de las autoridades contra el crítico más feroz hacia el presidente ruso, Vladímir Putin, se está convirtiendo de nuevo en una gran bola de nieve que el Kremlin trata de esquivar.
Yves Rocher, que en los últimos años se ha expandido en Rusia, elude ahondar en el tema. Sin embargo, tras la oleada de críticas ha emitido un comunicado en el que asegura que es una empresa “apolítica”, y que no quiere “ser instrumentalizada con fines políticos, ni tomar parte en el debate político actual en Rusia”. Mientras, los aliados y colaboradores de Navalni, y miles de ciudadanos claman contra lo que consideran apatía del gigante de la cosmética, y han inundado las redes sociales de la empresa con mensajes de críticas y en defensa de los derechos humanos. Remarcan que, cuanto menos, la multinacional fue una marioneta en manos de las autoridades rusas contra un hombre que en el momento del proceso empezaba a despuntar como uno de los líderes de las multitudinarias protestas contra el fraude electoral en Rusia y contra la intención de Vladímir Putin de volver a presentarse al sillón del Kremlin.
Navalni está imputado y acusado en varios casos por las autoridades rusas. También está en la diana de oligarcas del entorno del Kremlin, que le han denunciado por calumnias, a raíz de sus investigaciones sobre la corrupción de la élite política y económica del país. Sin embargo, ha sido una derivada del caso Yves Rocher, sentencia que además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró “injusta y arbitaria”, lo que finalmente le ha colocado entre rejas y ha desencadenado las mayores protestas ciudadanas en una década en Rusia. Un enrevesado proceso que se inició en noviembre de 2012, con la visita del comité de investigación ruso al entonces director de Yves Rocher Vostok (la filial rusa de la empresa francesa, que ya tenía 250 puntos de venta), Bruno Leproux. Los funcionarios estaban investigando la sociedad Glavpodpiska (GPA), una empresa de logística propiedad de los hermanos Navalni y una de las compañías que Yves Rocher llevaba usando cuatro años, ante la incapacidad del servicio de correos de Rusia de gestionar sus envíos, contaron.
Lo que los investigadores rusos querían saber era si emplear una empresa privada como GPA para los envíos estaba justificado. También cuál era la implicación de Oleg Navalni, según explicó la empresa de cosmética natural. Fue Oleg, graduado en Finanzas y que cuando se firmó el acuerdo era un alto funcionario de Correos Rusia, quien recomendó a Yves Rocher su compañía, sin que la multinacional francesa supiese que también era accionista, aseguran.
Las autoridades rusas, que no precisan el origen de la demanda, acusaron entonces a los hermanos Navalni de defraudar y malversar unos 500.000 euros. Yves Rocher Vostok hizo una auditoría interna y determinó que no había sufrido pérdidas económicas por emplear la compañía de los hermanos Navalni; aunque también precisó que esto “no purga la cuestión sobre las condiciones en que se realizó el contrato con Glavpodpiska”. El caso, en el que la cosmética francesa asegura que no participa desde 2013, desembocó en una condena de tres años y medio de cárcel para Alexei y Oleg Navalni. Los llamamientos a boicotear la que empezó como una empresa familiar de cosméticos en la Bretaña francesa también se sucedieron entonces.
Oleg Navalni cumplió la pena, rememora su abogado, Kirill Polozov, que remarca que todo el proceso es una “maniobra política”. Alexéi Navalni, que declaró entonces que su hermano se había convertido en “rehén” de las autoridades rusas para presionarle, recibió lo que se denomina una “sentencia suspendida”; la condena no se ejecutaría si el disidente permanecía limpio. Pero el año pasado, mientras estuvo en Alemania recuperándose del envenenamiento sufrido el pasado agosto en Siberia y tras el que se aprecia la mano del Kremlin, faltó a las revisiones judiciales de libertad condicional. El Servicio Penitenciario Federal le colocó en la lista de buscados en diciembre. En enero, nada más aterrizar en Moscú fue arrestado. Hace 10 días fue condenado a cumplir de forma efectiva esos tres años y medio de sentencia suspendida.
El caso Yves Rocher está de nuevo sobre la mesa. Los abogados de Navalni y sus aliados acusan a la compañía francesa de colaborar con el Kremlin para procesar al activista por motivos políticos. Señalan que cuando compartió información con los investigadores era imposible que desconocieran la dimensión política del caso contra Navalni, que, como destacó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, que condenó a Rusia a indemnizar al disidente y a su hermano, ya se había convertido en una importante figura de la oposición.
“Yves Rocher no es una pequeña tienda de la esquina, no podía ignorar que este caso era un pretexto clave para criminalizar y enviar a prisión a Navalni”, incide el abogado especializado en derechos humanos William Bourdon, que lleva el caso de los Navalni en los tribunales franceses, donde han presentado una demanda contra Yves Rocher por “denuncia calumniosa”. Bourdon insiste en que los directivos de la multinacional francesa “se prestaron con mala fe y servilismo al juego del Kremlin”. “Además, el hecho de que el germen del caso fuese una compañía de primer nivel, como la empresa francesa, fue lo que permitió a las autoridades dar una apariencia de objetividad y racionalidad al procedimiento”, insiste por teléfono el abogado, conocido por sentar en el banquillo en 2010 a militares de la dictadura del chileno Augusto Pinochet.
En 2019, Leproux, que había abandonado Yves Rocher en silencio en 2013 para pasarse a la que por entonces era la principal competidora de la firma gala, Île de Beauté, una sociedad rusa, aseguró ante los tribunales franceses que no había recibido presiones del Kremlin cuando dirigía la multinacional de la cosmética natural. Ahora, tras dos desestimaciones, el caso está de nuevo en el proceso de apelación. Aunque el opositor está entre rejas y su hermano pequeño en arresto domiciliario por participar en las protestas por su liberación, la batalla legal aún no ha terminado.
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