El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha roto su silencio tres días después del registro de la mansión del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida). Garland ha comparecido este jueves en Washington para defender la actuación más polémica impulsada por su departamento. Garland apenas ha dado ningún detalle, alegando que la ley se lo impide, pero sí ha asegurado que tomó la decisión personalmente y que pedirá al juez que le permita hacer pública la orden de registro por ser de interés público.
En paralelo, se ha sabido que el FBI realizó el registro con autorización judicial después de considerar que Trump había incumplido un requerimiento para entregar documentos clasificados secretos y comprometedores para la seguridad de Estados Unidos, según su versión. Ese requerimiento era una actuación políticamente mucho menos explosiva, pero no tuvo éxito.
“La orden de registro fue autorizada por un tribunal federal tras la necesaria constatación de causas probables [indicios de delito]. La orden de registro es un documento que la ley federal exige que los agentes de la ley dejen al dueño de la propiedad. El Departamento ha presentado una moción para hacer pública la orden y el recibo a la luz de la confirmación pública del expresidente del registro las circunstancias circundantes y el interés público sustancial en este asunto”, ha dicho Garland.
La falta de explicaciones ha alentado todo tipo de críticas y hasta amenazas contra el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigación (FBI) por tomar una decisión tan drástica y sin precedentes como el registro de una residencia de un expresidente de Estados Unidos.
Garland evita dar detalles que comprometan la investigación o que no pueda hacer públicos por razones legales, pero ha hecho una defensa cerrada de su actuación, “sin miedo y sin favores”. “Todos los estadounidenses tienen derecho a la aplicación uniforme de la ley, al debido proceso legal y a la presunción de inocencia”, ha dicho antes de hacer tres comentarios específicos sobre el registro..
“Primero, aprobé personalmente la decisión de solicitar una orden de registro en este asunto. Segundo, en el Departamento no se toma esa decisión a la ligera. En la medida de lo posible, la práctica habitual es buscar medios menos intrusivos como alternativa a un registro y limitar el alcance de cualquier registro que se lleve a cabo. En tercer lugar, permítanme abordar los recientes ataques infundados a la profesionalidad de los agentes y fiscales del FBI y del Departamento de Justicia. No me quedaré callado cuando se ataca injustamente su integridad. Los hombres y mujeres del FBI y del Departamento de Justicia son servidores públicos patrióticos y dedicados todos los días”, ha señalado.
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En las últimas horas, han ido trascendiendo también algunos otros detalles relativos al registro. Por ejemplo, que los agentes federales se llevaron una decena de cajas con documentos tras su actuación. O que la actuación vino precedida de información confidencial fiable de una fuente cercana al entorno de Trump que permitía considerar que los documentos secretos estaban en Mar-a-Lago.
La ley considera de propiedad pública los informes, documentos e incluso notas manuscritas que los presidentes manejan en el ejercicio de su cargo y les obliga a entregarlos a los Archivos Nacionales al cesar. Trump incumplió inicialmente esa obligación. En mayo de 2021, el personal de los Archivos Nacionales se dirigió al ya expresidente para interesarse por documentación que no había entregado.
En enero de 2022, ante la amenaza de actuaciones más drásticas, Trump entregó 15 cajas con documentos. Entre ellos se encontraron cartas del líder norcoreano Kim Jong-un y la nota que le dejó su antecesor, Barack Obama, en su último día en el Despacho Oval. Además, había documentos clasificados como secretos, según comunicó la Oficina de los Archivos Nacionales. En febrero trascendió que los Archivos habían pedido al Departamento de Justicia que abriese una investigación.
Visita a Mar-a-Lago
Luego se supo que agentes federales habían acudido la primavera pasada a Mar-a-Lago, se reunieron con abogados de Trump y pidieron que les mostrasen si el expresidente conserva aún documentos presidenciales y dónde los tenía. En esa visita, cuatro investigadores se reunieron con dos abogados de Trump. El propio expresidente estaba por entonces en su mansión y les saludó. Los agentes comprobaron que Trump aún tenía papeles de la presidencia.
El propio Trump reconocía esa visita: “A principios de junio, el Departamento de Justicia y el FBI pidieron a mis representantes legales que pusieran una cerradura adicional en la puerta que conducía al lugar donde se almacenaban las cajas en Mar-a-Lago. Se les mostró la zona asegurada, y las propias cajas. Luego, el lunes, sin notificación ni aviso, un ejército de agentes irrumpió en Mar-a-Lago, fue a la misma zona de almacenamiento y arrancó la cerradura que habían pedido que se instalara. ¡Un ataque sorpresa, POLÍTICO, y todo mientras nuestro país se va al INFIERNO!”, escribió este miércoles en su red social.
La ley penal estadounidense castiga a quien “oculta, elimina, mutila, borra, falsifica o destruye voluntaria e ilegalmente” documentos federales bajo su custodia con penas que van desde multa hasta tres años de prisión y con inhabilitación para desempeñar cargos públicos, aunque hay serias dudas de que eso último se aplique a los requisitos para ser elegido presidente. Otra norma impone penas de uno a cinco años a quienes se apoderan o destruyen documentos clasificados.
Trump también intenta alentar la tesis del doble rasero y la persecución política comparando su situación con la de su antecesor: “¿Qué pasó con los 30 millones de páginas de documentos que Barack Hussein Obama se llevó de la Casa Blanca a Chicago? ¡Se negó a devolverlos! ¿Qué está pasando? (…) ¿Irrumpirán en la ‘mansión’ de Obama en Martha’s Vineyard?”, ha escrito este jueves. Sin embargo, no consta que Obama se llevase ningún documento confidencial y menos aún que hubiese incumplido ningún requerimiento para devolverlo. Obama se llevó documentos con el propósito declarado de digitalizarlos y subirlos a la red, algo que tampoco consta que finalmente hiciera.
La Casa Blanca ha evitado hasta ahora hacer comentarios sobre el registro. La portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, aseguró el pasado martes en su rueda de prensa diaria que nadie de la Casa Blanca había sido advertido previamente de lo que iba a suceder y tampoco quiso hacer una valoración política al respecto. “El Departamento de Justicia lleva a cabo sus investigaciones de forma independiente y dejamos en sus manos cualquier asunto relacionado con la aplicación de la ley. No sería apropiado que comentáramos ninguna investigación en curso”, dijo la portavoz.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
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