USA

El Tribunal Supremo socava la lucha de Estados Unidos contra el cambio climático

Nuevo golpe a la lucha contra el cambio climático en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que limita el poder de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para imponer límites a las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Tras la sentencia que consagra el derecho a llevar armas de fuego en público y la que ha revocado el derecho constitucional al aborto, un Supremo de mayoría conservadora compromete ahora la agenda climática del Gobierno de Joe Biden. De nuevo, la sentencia se ha aprobado por seis votos a tres, con el rechazo de los jueces progresistas.

La sentencia no anula ninguna restricción concreta de emisiones en vigor, sino que quita a la EPA la autoridad para imponerlas para todo el país. Eleva ese poder al Congreso, donde los demócratas no cuentan con mayoría suficiente para desatascar sus propuestas legislativas. Además, pueden perder el control de las dos cámaras en las elecciones de mitad de mandato, que se celebran el 8 de noviembre y en las que se renueva un tercio del Senado y los 435 miembros de la Cámara de Representantes. Los Estados pueden aprobar sus propias normativas, pero muchos de ellos no son partidarios de restricciones ambiciosas.

Los magistrados progresistas afirman en su voto particular que la opinión de la mayoría quita a la EPA “el poder para responder al reto medioambiental más acuciante de nuestro tiempo”.

La sentencia es una clara victoria para las compañías petroleras y mineras. El caso, Virginia Occidental contra la EPA, fue presentado originalmente por los Estados de Virginia Occidental, Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Luisiana, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Wyoming y el gobernador de Misisipi. A esos 19 Estados se unieron posteriormente el Estado de Dakota del Norte y dos históricos gigantes de la minería de carbón en Estados Unidos, The North American Coal Corporation y Westmoreland Mining Holdings.

Esos Estados, muchos de ellos ricos en carbón y petróleo, plantearon la siguiente cuestión: “¿Autorizó constitucionalmente el Congreso a la Agencia de Protección Medioambiental a dictar normas importantes —incluidas las capaces de remodelar las redes eléctricas del país y descarbonizar unilateralmente prácticamente cualquier sector de la economía— sin ningún límite a lo que la agencia puede exigir siempre que tenga en cuenta el coste, los impactos no atmosféricos y los requisitos energéticos?”

La demanda alegaba que “la decisión tiene enormes consecuencias”. Explicaba que ahora la EPA “puede establecer normas a nivel regional o incluso nacional, forzando cambios drásticos en cómo y dónde se produce la electricidad, así como transformando cualquier otro sector de la economía que emita gases de efecto invernadero”. Añadía: “El poder de regular las fábricas, los hospitales, los hoteles e incluso los hogares tendría unos costes y unas consecuencias tremendas para todos los estadounidenses. (…). Solo el tribunal puede resolver si la EPA tiene este poder unilateral o si el Congreso debe asumirlo”. Los demandantes rechazaban “los costes graves y desproporcionados para los Estados y otras innumerables partes afectadas” que podría tener la lucha contra el cambio climático.

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El Supremo les ha dado la razón con una sentencia que desautoriza a la EPA para poner límites a las emisiones. Es un gran triunfo para los productores de combustibles fósiles, que cuentan con grandes aliados en las filas republicanas.

Al poco de asumir la presidencia, el presidente Biden dio un giro a la política climática de su antecesor, Donald Trump, que sacó a su país del Acuerdo de París por la puerta de atrás, en un discurso solitario desde la Rosaleda de la Casa Blanca en 2017. En abril de 2021, Biden se comprometió ante Naciones Unidas a que las emisiones netas de gases de efecto invernadero de Estados Unidos se reduzcan entre un 50% y un 52% en 2030 respecto a los niveles de 2005, con la vista puesta en lograr la neutralidad de sus emisiones en 2050.

La sentencia compromete los avances en esa dirección, por mucho que el Gobierno de Biden trate de dar algunos pasos. La semana pasada anunció una alianza con 11 Estados del Este para impulsar la energía eólica con inversiones multimillonarias. Pero sin límites a las emisiones, de poco sirve.

Al quitar poder a una agencia federal, la sentencia puede tener repercusiones más allá del propio efecto en los compromisos climáticos de Estados Unidos. A esta decisión pueden seguir otras que debiliten otros órganos del poder ejecutivo que tratan de imponer directrices comunes para todo el país en materias como la salud o la alimentación.

El Tribunal Supremo ha acabado el curso judicial con varias sentencias relevantes, entre ellas la del aborto y la que ha anulado la restrictiva legislación sobre armas de Nueva York. En Estados Unidos, el cargo de magistrado del Supremo es vitalicio. Cuando hay una vacante, el presidente nombra a un nuevo magistrado. Tras el bloqueo del Senado a un nombramiento por parte de Barack Obama, Donald Trump logró nombrar a tres magistrados, y además relativamente jóvenes (Neil Gorsuch, de 54 años; Brett M. Kavanaugh, de 56, y Amy C. Barrett, de 50). Con ello, el tribunal tiene ahora una clara mayoría conservadora de seis miembros a tres que se prolongará previsiblemente durante muchos años.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]

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Neto

Soy Neto, creador de LaNetaNeta.com Me apasiona leer y aprender, disfruto escribir y compartir publicaciones interesantes con el publico.

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