El Gobierno no ha resuelto su debate interno sobre el proyecto para facilitar el permiso de residencia en España a menores inmigrantes, y la medida ha sido aplazada por el Consejo de Ministros, sin fecha aún para su aprobación. La apuesta del titular de Migraciones, José Luis Escrivá, ha tropezado con las reticencias de Interior. No es raro que en los gobiernos surjan choques así por las diferentes prioridades ante la cuestión migratoria. Es incluso lógico: los responsables de mantener el orden público nunca van a enfocar igual el problema que otros departamentos centrados en los aspectos sociales.
Las suspicacias de la parte policial nacen del temor a que la posible regularización de 8.000 menores y de otros 8.000 jóvenes extranjeros de hasta 23 años potencie el efecto llamada. No hay argumento más socorrido cuando se habla de inmigración, pese a la fragilidad de las pruebas empíricas para avalarlo. España ya endureció en 2011 las normas de acogida para menores extranjeros y las llegadas no han dejado de crecer. El supuesto efecto llamada sería más bien un fenómeno permanente, ajeno a los vaivenes normativos, como lo ilustra cada historia de cada joven africano dispuesto a alcanzar Europa a cualquier precio y en cualquier circunstancia.
No hace falta mucha imaginación para aventurar las reacciones ante una medida así de quienes explotan la xenofobia con eslóganes falaces, cuando no inmorales. El Gobierno muestra valentía y convicciones al plantear una iniciativa como esta en el momento en que más se agitan las banderas contra la inmigración, hasta hace poco casi ausentes de la política española. Un gesto como el propuesto por Escrivá supone una voluntad clara de combatir ese tipo de discursos y de contribuir a desmontar los bulos y la demagogia de la extrema derecha.
Desde un punto de vista social, facilitar esta regularización brindaría una oportunidad de labrarse un futuro a 16.000 menores que han llegado solos a España, sin que se vean cuáles puedan ser los efectos problemáticos para nuestra sociedad. Es difícil pensar que, pese al drama del paro juvenil, esos chicos —que, de aprobarse la medida, podrían acceder a permisos de trabajo y residencia— vayan a competir por los mismos empleos que los españoles. La ultraderecha lleva tiempo esforzándose en caricaturizar a estos jóvenes como delincuentes en potencia. Pero la mejor ruta para arrojarlos a la marginalidad es precisamente la de cerrarles la puerta a trabajar de modo legal, justo lo que intenta resolver el proyecto del Gobierno.
Pedro Sánchez inauguró su mandato con un gesto, la acogida del Aquarius, para simbolizar el cambio que traía el nuevo Gobierno progresista. Con el tiempo, el Ejecutivo ha acabado aplicando en ese ámbito algunas medidas indigestas para la izquierda como las devoluciones en caliente, que había cuestionado en la oposición y había prometido derogar. La apertura a la regularización de los menores de 23 años ofrece una buena oportunidad para demostrar que, frente al desafío inesquivable de la inmigración, hay margen para otras respuestas.
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