La Casa Blanca se prepara para una posible oleada de inmigración irregular en la frontera sur de Estados Unidos como consecuencia del fin de una medida de emergencia que permitía a las autoridades devolver inmediatamente a México a los detenidos cuando intentaban cruzar. El llamado Título 42 fue aprobado por la Administración Trump al comienzo de la pandemia. Con la excusa de evitar la entrada de posibles infecciones, destruyó el sistema de petición de asilo y sustituyó una realidad imperfecta por un muro administrativo que ha causado enorme dolor al otro lado de la frontera. La medida de emergencia que lo justificaba se terminará el próximo 10 de mayo, tras una batalla legal en la que los republicanos trataban de mantenerla.
Desde marzo de 2020 hasta marzo de este año, el Título 42 se ha utilizado para justificar 2,6 millones de expulsiones en caliente, que anulaban los protocolos de asilo tradicionales en EE UU. Estas se suman a los 2,8 millones de expulsiones ejecutadas en el mismo periodo utilizando las leyes de inmigración anteriores. Las cifras dan una idea de la capa extra de cerrojazo administrativo que suponían las leyes de emergencia. También dan una idea de que en ningún momento el Título 42 ha sido efectivo como medida de disuasión para frenar a los desesperados. Simplemente ha supuesto un muro para personas con demandas de asilo legítimas cuyos casos nunca llegaron a ser escuchados por un juez. Con el fin de esta política, la frontera vuelve en parte a la complicada normalidad anterior a la presidencia de Trump.
El presidente Joe Biden ha decidido enviar 1.500 soldados a la frontera en una misión temporal de 90 días en previsión de que las mafias animen a más gente a cruzar. No participarán en tareas de seguridad, exclusivas de la policía de fronteras, solo estarán allí para apoyar en cuestiones logísticas y administrativas. Es en buena medida una decisión de imagen que ya utilizaron otros presidentes.
La inmigración irregular no es un problema que se soluciona; es una realidad que se gestiona. Cualquier promesa de sellar fronteras o de acabar con el flujo de personas debe tomarse como mera demagogia xenófoba. Es una buena noticia que esa clase de mensaje haya desaparecido de Washington. La Casa Blanca trata ahora de ampliar los recursos para gestionar más peticiones, así como acelerar las detenciones y deportaciones en colaboración con México y Centroamérica, en un sistema que siempre será insuficiente para cubrir una frontera de 3.000 kilómetros y con cientos de millones de hombres y mujeres dispuestos a cruzarla. En el difícil equilibrio entre firmeza y respeto al derecho de asilo, al menos la Administración Biden parece decidida a eliminar alguno de los niveles de crueldad innecesaria que añadió Trump.
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