La mifepristona, uno de los medicamentos más comunes en los abortos médicos, podrá seguirse utilizando en Estados Unidos, al menos por el momento. Después de que un juez la prohibiera en un dictamen la semana pasada, ahora un tribunal de apelaciones ha dado el visto bueno -con limitaciones- a su uso en tanto se dirime una batalla legal en torno a este fármaco. Esa batalla entre el Gobierno estadounidense y grupos conservadores se promete enconada, con implicaciones en las elecciones presidenciales del año próximo y la de mayores consecuencias para los derechos reproductivos de las mujeres estadounidenses desde que el Tribunal Supremo derogara hace un año Roe contra Wade, el antecedente que convirtió en constitucional la interrupción del embarazo.
El juez Matthew Kascmaryk, nombrado por Donald Trump para ese cargo, había paralizado el pasado viernes desde su tribunal en Amarillo (Texas) de manera provisional el acceso a la mifepristona, que combinada con otro fármaco, el misoprostol, se emplea en más de la mitad de las interrupciones de embarazo que se practican en Estados Unidos. El mismo día otro magistrado, Thomas Rice, en el estado de Washington, había ordenado que se mantuviera el acceso a esa píldora en 17 estados que habían presentado una demanda. El lunes, el Gobierno recurrió la decisión del juez texano. El miércoles por la noche, el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleáns, aparcaba temporalmente el dictamen de Kascmaryk, aunque no por completo: sí quedan sin efecto una serie de medidas aprobadas en los últimos cinco años para facilitar el acceso al medicamento.
Este jueves, el Gobierno estadounidense ha dado un nuevo paso en la batalla. El fiscal general (equivalente al ministro de Justicia), Merrick Garland, ha anunciado que su departamento recurrirá ante el Tribunal Supremo para garantizar la disponibilidad del fármaco en las mismas condiciones que hasta la semana pasada.
El Departamento de Justicia irá “a la Corte Suprema para defender el juicio científico de la agencia estadounidense del medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) y proteger el acceso de los estadounidenses a los cuidados reproductivos seguros y efectivos”, ha asegurado Garland.
La decisión del tribunal de apelaciones implica que la píldora solo podrá administrarse en las primeras siete semanas de embarazo, en lugar de las diez semanas en las que estaba hasta ahora. Para poder recibirla, las mujeres deberán tener tres consultas con un médico, y las citas tendrán que ser en persona. Desde 2021, la Administración del presidente Joe Biden había permitido recibir el medicamento por correo, tras ensayar esa práctica durante la pandemia para evitar contactos físicos innecesarios. Pero la FDA indica en su página web que “no recomienda comprar mifepristona por internet”.
El tribunal de apelaciones está compuesto por tres magistrados, de los que dos han sido nombrados por Donald Trump y la tercera, Catherine Hayes, por George W Bush. En un comentario incluido en el fallo y en el que explica puntos en los que está en desacuerdo con sus colegas, Hayes apunta que ella se hubiera inclinado por bloquear por completo la orden de Kacsmaryk.
La batalla legal en torno a este medicamento comenzó cuando el grupo antiabortista de Texas Alianza por una Medicina Hipocrática, de reciente creación, presentó una demanda contra el FDA por haber aprobado el uso de esa pastilla, habitualmente distribuida con el nombre comercial de Mifeprex y disponible también como principio activo, desde hace más de 23 años.
La organización acusa a la agencia de eliminar “la mayoría de las salvaguardas que protegen a las mujeres y las niñas de los peligros de la mifepristona”, y eso, según la demanda, “ha hecho que el aborto químico esté más disponible y con menor supervisión médica, lo que hace que más mujeres y niñas experimenten complicaciones, lo que aumenta las situaciones de emergencia”.
En una reacción tras la orden del tribunal de apelaciones, la Alianza asegura que la decisión es “una victoria significativa para los médicos que representamos, para la salud de las mujeres y para todos los estadounidenses que merecen un gobierno federal que rinda cuentas y actúe dentro de los límites de la ley”.
Desde la aprobación del fármaco, la agencia calcula que unos 3,7 millones de pacientes han acudido a la mifepristona, y no constan reacciones adversas más graves que las de medicamentos de uso tan extendido como el paracetamol o la penicilina.
Después de celebrar una vista de más de cuatro horas la semana pasada, el juez Kacsmaryk emitió un dictamen en el que paralizaba la administración de la píldora hasta que se celebre el juicio en torno a la demanda de la Alianza, pero daba siete días al Gobierno para apelar antes de que su orden entrara en vigor. El magistrado de Amarillo apuntaba en su decisión que, en principio, se inclinará en el juicio por dar la razón al grupo antiabortista, al considerar que la FDA se precipitó al autorizar el medicamento sin pruebas médicas sólidas.
De inmediato, el Gobierno estadounidense argumentó que el fallo del juez texano socava la autoridad de la FDA y hace caso omiso de dos décadas de uso de la píldora que demuestran que es un medicamento seguro. El dictamen de Kacsmaryk, apuntaba la vicepresidenta Kamala Harris, representa un “precedente peligroso” con un alcance más allá del derecho al aborto: de quedar validada la acción del magistrado, cualquier juez podría bloquear una decisión de la FDA sobre cualquier tipo de medicamento. “Permitir que los tribunales y los políticos digan a la FDA qué tiene que hacer es contrario a una buena política de salud pública”, declaraba la número dos del Gobierno.
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