El fundador de Foro Asturias Francisco Álvarez-Cascos ha declarado este miércoles durante casi cuatro horas y media ante la titular del juzgado de instrucción número dos de Oviedo, Simonet Quelle, tras admitir la querella contra él presentada por la actual dirección del partido por los presuntos delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal.
La querella recoge los polémicos gastos del fundador de Foro Asturias avanzados en EL PAÍS el pasado diciembre y que motivaron que la formación encargara una auditoría externa, incorporada ahora a la causa, de sus facturas y recibos. Denuncian que Cascos, expulsado el pasado junio, tomaba “a préstamo dinero del partido”, firmaba “contratos inexistentes” y adquiría “videojuegos para sus vástagos” con cargo a las siglas.
La juez también ha citado a declarar, en calidad de querellante, a la actual presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón, que ha ratificado durante dos horas los motivos que llevaron al partido a llevar a su fundador a los tribunales. La querella asegura que, “amparado en la incipiente juventud de la organización de la que fue su inspirador y gran gurú, en la carencia manifiesta de mecanismos de control y ostentando el control absoluto y férreo del partido”, Cascos desarrolló hasta su cese “actos que le generaron pingües beneficios a la par que un manifiesto empobrecimiento de las arcas del partido”. La formación estima en más de 1,8 millones de euros el coste total para sus arcas. Entre 2012, ya fuera de la presidencia del Principado, y 2014 percibió 457.276 euros de sueldo, más 33.076 de gastos de seguridad social y otros 81.946 euros en dietas. El partido tiene actualmente dos diputados en el Parlamento asturiano, de 45 escaños.
Álvarez-Cascos ha respondido a preguntas de todas las partes. Al salir, calificó de “ridículas” las acusaciones. Dentro, según fuentes presentes en el interrogatorio, el expresidente de Asturias se jactó de no haber recurrido a las “puertas giratorias” y aseguró que había pactado con los impulsores de Foro su elevado sueldo y condiciones para mantener su nivel de vida. El exministro declaró que él no llevaba las cuentas y que todo se trata de una “guerra política” para hacerse con el control de la formación. Cuando se le expusieron algunos recibos y gastos aportados a la causa ―trayectos de AVE a Andalucía, facturas de zapatos— aseguró que podía tratarse de “algún error”. En cuanto al chófer y los desplazamientos fuera de Asturias, Cascos argumentó que él trabajaba mucho “en el coche”, según las mismas fuentes. También respondió a preguntas sobre el alquiler de una sede para el partido en Madrid, de la que era a la vez arrendatario y arrendador. Cascos explicó que se firmó un contrato y que esa sede se utilizó. El local estaba a nombre de una sociedad familiar de la que formaba parte su entonces esposa, María Porto, y supuso un gasto al partido de 171. 000 euros, según la auditoría externa. A preguntas de este diario, el vicepresidente del Gobierno con José María Aznar afirmó el pasado junio que cedió gratuitamente esa sede al partido en 2011 y 2012 y que después sí pagó un alquiler. Cascos admitió que quien cobraba ese arrendamiento era la empresa de su grupo “familiar”.
La querella incluye un capítulo dedicado a lo que denomina “gastos que sencillamente suponían un manifiesto desprecio por las reglas más elementales de respeto a los contribuyentes y a los afiliados”, entre los que cita “la adquisición de zapatos para sus vástagos; billetes de tren para desplazarse aquellos a Córdoba; compra de videojuegos y comida en Madrid, abriendo el abanico familiar, la reparación de un vehículo cuya titularidad correspondía a la que entonces era su esposa o la satisfacción de un hotel en el Principado al padre de aquella”.
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