Los bienes y la Iglesia

Transparencia y laicidad son dos prácticas que deberían estar incorporadas al ADN de un Estado de derecho como el que rige en España y que, por el contrario, demasiadas veces aún brillan por su ausencia. Así ha sido en un capítulo muy mejorable de esta democracia: el caso de las propiedades registradas por la Iglesia católica gracias a una reforma legal del PP. El Gobierno anunció este martes al fin, con tres años de retraso, el primer informe sobre las inmatriculaciones que ha realizado la Iglesia católica desde que Aznar se lo permitiera con un cambio legal. Desde 1998 hasta 2015, casi 35.000 propiedades, desde edificios históricos como la Mezquita de Córdoba o la catedral de Sevilla hasta fincas, locales, garajes, solares y todo tipo de inmuebles, fueron inmatriculadas (registradas por primera vez) por la Iglesia, en la mayoría de los casos con un simple certificado eclesiástico. Aznar había ampliado a los templos la potestad que una ley hipotecaria de Franco de 1946 daba a la Iglesia para inmatricular bienes. Aunque el procedimiento se hizo conforme a la ley, como subrayó ayer la vicepresidenta Carmen Calvo, se abre la veda para que particulares, Ayuntamientos o Estado interpongan demandas si consideran que pueden reclamar la propiedad. De las 34.961 fincas que figuran en el informe, 20.014 son templos, y 14.947, viviendas, locales o inmuebles con otros destinos.

El retraso del Gobierno en facilitar esta información, que se transmitirá al Congreso, es aún más llamativo, ya que fue el propio PSOE en 2017, aún en la oposición, el que logró la aprobación de una proposición no de ley (con los noes del PP y Cs) que instaba al Ejecutivo de Rajoy a elaborar esta relación. Este lo pidió a los registradores, que lo entregaron en febrero de 2018. El PSOE está en el Gobierno desde junio de ese año. De fondo, sin embargo, pesa una vez más la necesidad de abordar la relación con la Iglesia con las herramientas de la laicidad y la igualdad, sin privilegios y sin la sombra del excesivo peso que le ha permitido extender su poder hasta fechas recientes en el ámbito fiscal, educativo o de respuesta ante la ley por los abusos cometidos. Nunca es tarde.