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La electricidad es un bien de consumo básico para hogares y empresas. En la última década, según la encuesta de presupuestos familiares, el gasto de los hogares en este apartado se ha incrementado en España en más de un 50%, muy por encima del gas, el agua o cualquier otro suministro básico. A la vez, la electricidad es también un vector fundamental en las estrategias de descarbonización. Gracias a la evolución de las tecnologías renovables, el sector eléctrico en su conjunto ha avanzado muy rápido en la reducción de emisiones, y la estrategia pasa ahora por electrificar actividades como el transporte o la calefacción doméstica.
Por todo ello, es no solo comprensible sino obligado que las autoridades reaccionen ante la escalada de los precios eléctricos, especialmente en un contexto económico marcado por el sufrimiento de la crisis pandémica. En este marco, puede entenderse la decisión del Gobierno de suspender el impuesto de generación eléctrica y rebajar temporalmente el tipo del IVA del 21% al 10%. Tiene sentido que esta segunda medida se aplique por debajo de ciertos niveles de potencia contratada y de precio medio mensual del mercado mayorista (con especial tutela para los hogares muy vulnerables). Sin embargo, resulta evidente que se trata de parches temporales insatisfactorios y con múltiples contraindicaciones.
En primer lugar, la decisión no supone una reducción de los costes de producción eléctrica, sino de los ingresos públicos, los fiscales procedentes de la recaudación del IVA (que la Airef ha estimado entre 1.100 y 1.300 millones de euros anuales) y los del propio sistema eléctrico (que podrían ascender a otros 1.000 millones). En segundo lugar, la rebaja plantea algún efecto de distorsión: uno de los factores detrás del incremento de la electricidad es el saludable aumento del precio de los derechos de emisión de CO2, que por fin están enviando una señal firme a los agentes económicos. En tercer lugar, el Gobierno y las autoridades de la competencia deberán estar extremadamente vigilantes para asegurar que la bajada impositiva se traslada íntegramente a los consumidores y no incrementa el margen de los comercializadores eléctricos, como ha sucedido con otras reducciones pasadas del IVA. Debido a la relativa inelasticidad de la demanda eléctrica, no sería sorprendente que la bajada que llega a los consumidores sea menor a la que anuncia el Gobierno. Finalmente, la reducción del IVA frente a una situación coyuntural puede convertirse en un antecedente problemático de manejar en el futuro. Otros sectores podrán sentirse legitimados a reclamar medidas similares.
El recurso a este parche insatisfactorio es el resultado de no haber tomado medidas adecuadas a tiempo, con responsabilidades que van muy atrás en el tiempo y deberían inspirar cierto sosiego en la crítica a quienes estuvieron en el poder y ahora en la oposición. Hace falta implementar reformas sistémicas. El Gobierno anunció hace apenas unas semanas una reforma legal para recortar los ingresos de hidráulicas y nucleares, aunque renunció a aprobarla a través de un real decreto ley, que hubiese permitido su inmediata entrada en vigor. Ese camino, junto con la aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que solo ahora ha empezado su tramitación parlamentaria, es la vía para reformar un sector, en lugar de colocar parches que pueden tener dañinos efectos contraproducentes.
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