El escándalo vinculado a las ayudas al cuidado de menores que ha costado la dimisión a todo el Gobierno de centroderecha de Países Bajos ha zarandeado el país por el fallo sistémico que ha supuesto en muy diversos niveles de la Administración y por el inaceptable sesgo discriminatorio que ha expuesto a la luz pública. Una comisión parlamentaria ha investigado la desprotección en que quedaron al menos 26.000 familias a las que se les exigió la devolución de esas ayudas —la gran mayoría inmigrantes que fueron objeto prioritario de unas inspecciones incorrectas—, y ha evidenciado múltiples fallos. No solo una autoridad fiscal implacable acusó de estafa a esas familias por errores a veces administrativos como la falta de una firma; sino que en todo el proceso fallaron los principios de no discriminación de los ciudadanos por su origen y de la protección de sus datos. El origen de los padres —en gran parte procedentes de Turquía o Marruecos— fue un criterio por el que se priorizaron las pesquisas; además, los documentos que manejaban los inspectores fiscales en sus procedimientos hacían constar esa nacionalidad cuando eso está prohibido.
Lo que no ha fallado es la reacción de las autoridades, que han investigado el escándalo en diversos estamentos, ni el escrutinio a un Gobierno que ha tenido que dimitir en pleno en un acontecimiento de consecuencias parejas a la caída del Ejecutivo de centroizquierda en 2002 tras el informe sobre la pasividad de las tropas holandesas en Srebrenica. La dimisión tiene limitadas consecuencias prácticas ya que estaban previstas de todas formas elecciones legislativas en marzo. Cinco ministros han sido denunciados por 20 afectados ante los tribunales. Los titulares de carteras directamente implicadas se han retirado del ejercicio y de la carrera electoral. Los demás seguirán en funciones.
Esas cerca de 30.000 familias (unos 80.000 niños afectados, según el Defensor del Pueblo) vieron su forma de vida sacudida cuando la autoridad tributaria les exigió la devolución de ayudas de años en apenas dos semanas. “Gente inocente ha visto su vida destruida”, reconoció el primer ministro, Rutte. Algunos tuvieron que abandonar sus casas, sus seguros de salud o quebraron para hacer frente a la falsa deuda.
Muchas son las lecciones de un escándalo que ha sido posible por una actitud de sospecha hacia el inmigrante y en un contexto de rigor fiscal extremo en el que los grandes partidos han estado unidos. Este escándalo golpea a Países Bajos, pero la señal de alerta debe resonar en todo el continente, que no está a salvo de conductas discriminatorias. Cualquier concesión a esos instintos en nuestras sociedades equivale a un retroceso del Estado de derecho.
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