Agentes del FBI a las órdenes del Departamento de Justicia estuvieron registrando la casa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este viernes desde las 9.45 de la mañana hasta las 10.30 de la noche. Fue una búsqueda pactada, sin requerimiento ni orden judicial, sino ofrecida voluntariamente por Biden y sus abogados. En esas casi 13 horas de revisar a fondo las pertenencias del presidente, los agentes hallaron otros seis documentos con marcas de clasificación confidencial y materiales anexos tanto de la época en que Biden era senador como de la que era vicepresidente, según ha informado este sábado su abogado personal. Tomaron posesión de ellos y también se llevaron algunas notas manuscritas de Biden de los años en que fue vicepresidente (de 2009 a 2017).
El culebrón de los papeles clasificados parece no tener fin. Desde el hallazgo de los primeros en un despacho privado del Penn Biden Center, un centro universitario donde estuvo trabajando Biden, el goteo ha sido constante y las explicaciones presidenciales, confusas. El titular del Departamento de Justicia, Merrick Garland, nombrado por Biden y que ejerce las funciones de fiscal general, ha designado un fiscal especial para que investigue el caso, aunque el presidente ha tratado de quitarle importancia. Hay grandes diferencias, pero también evidentes paralelismos, con los papeles que tenía su antecesor, Donald Trump, en su mansión de Mar-A-Lago en Palm Beach (Florida).
Trump pidió que se registrasen las casas del actual presidente: “¿Cuándo va a hacer una redada el FBI para registrar las numerosas casas de Joe Biden, quizá incluso la Casa Blanca?”, escribió en su red social, Truth Social. Finalmente, sin redada, sino de modo voluntario, ha habido registro de su residencia de Wilmington (Delaware), donde el presidente vivía antes de ser elegido y donde suele pasar la mayoría de los fines de semana. Es una actuación de la que no constan precedentes. Allí sus abogados ya habían encontrado previamente documentos en el garaje.
El registro de la casa de Biden no se hizo público por adelantado a petición del Departamento de Justicia, según Bob Bauer, su abogado personal, que ha emitido este sábado el comunicado desvelando la búsqueda y su resultado.
“Desde el principio de este asunto, el presidente ordenó a sus abogados personales que cooperaran plenamente con el Departamento de Justicia (DOJ). En consecuencia, habiendo identificado e informado previamente al DOJ de un pequeño número de documentos con marcas de clasificación en el domicilio del presidente en Wilmington, y en aras de hacer avanzar el proceso lo más rápidamente posible, nos ofrecimos a facilitar el acceso inmediato a su domicilio para permitir al DOJ llevar a cabo un registro de todos los recintos en busca de posibles registros de la vicepresidencia y posible material clasificado”, dice el comunicado.
Según Bauer, el Departamento de Justicia llevó a cabo una “búsqueda exhaustiva” que abarcó todos los espacios de trabajo, vivienda y almacenamiento de la casa. Duró 12 horas y 45 minutos, aproximadamente. En virtud de un acuerdo con el Departamento de Justicia, estuvieron presentes representantes del equipo jurídico personal de Biden y de la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca.
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Normalmente, son agentes de la Oficina federal de Investigación (FBI) los que actúan como policía judicial, y así ha ocurrido en esta ocasión, según la agencia AP, aunque el comunicado no lo precisa. Los investigadores tuvieron pleno acceso a la vivienda del presidente, incluidas notas manuscritas, archivos, papeles, carpetas, recuerdos, listas de tareas, calendarios y recordatorios que se remontan a décadas atrás.
“El DOJ tomó posesión del material que consideró dentro del ámbito de su investigación, incluyendo seis artículos consistentes en documentos con marcas de clasificación y materiales anexos, algunos de los cuales eran del periodo del presidente en el Senado y otros de su mandato como vicepresidente. El DOJ también se llevó, para su posterior examen, notas manuscritas personales de los años de la vicepresidencia”, explica Bauer en su comunicado. La ley estadounidense obliga a conservar los registros y documentos presidenciales y a ponerlos a disposición de los Archivos Nacionales al cesar en el cargo, sean confidenciales o no.
El registro de Mar-A-Lago se produjo tras un requerimiento desatendido por Trump y sus abogados y tras una orden judicial por indicios de cuatro posibles delitos, entre ellos el de obstrucción a la justicia. La colaboración del actual presidente y de sus abogados y la entrega voluntaria de los papeles clasificados es la mayor diferencia con el caso de Trump. Al tiempo, el registro por parte de agentes del FBI añade un nuevo paralelismo, aunque sea solo parcial.
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