El Gobierno de Joe Biden da una nueva vuelta de tuerca a su política migratoria con el principio que la inspira: más vías legales de llegada y más dificultades para la inmigración irregular. Esta vez lo hace con la presión de que el 11 de mayo expira legalmente en Estados Unidos la emergencia sanitaria por la pandemia y, con ella, el llamado título 42, que permite las devoluciones rápidas de inmigrantes.
Estados Unidos teme un aumento del flujo migratorio en la frontera con México y este jueves ha anunciado, por un lado, más medidas de control y, por otro, la extensión de vías legales de migración a países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) y Sudamérica (Colombia). Entre las novedades, Washington ha acordado con otros países crear centros de inmigrantes en la región, donde se procesarán y evaluarán entre 5.000 y 6.000 solicitudes cada mes.
“Tenemos la obligación de eliminar del proceso a los traficantes de personas”, ha dicho esta mañana el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas. “Estamos construyendo vías para que la gente llegue a Estados Unidos sin que tengan que depender de los traficantes, pero al mismo tiempo imponemos consecuencias para quienes no usen estos caminos y emigren de forma irregular”, ha añadido el funcionario en una comparecencia junto con Antony Blinken, el encargado de Exteriores de Biden. Las autoridades han detenido a unos 10.000 traficantes de personas, o polleros, desde abril del año pasado.
Varios cargos de la Administración han advertido este jueves que el fin del título 42 no significa “que la frontera esté abierta”. La norma, empleada por primera vez en 1929 para contener la inmigración asiática, fue rescatada por el presidente Donald Trump en marzo de 2020 por motivos sanitarios, al inicio de la pandemia.
La oposición republicana, con Donald Trump a la cabeza, acusa a Mayorkas de ser responsable de una “invasión” en la frontera con México y la inmigración se ha convertido en uno de los ejes del debate político en Estados Unidos. Hacen falta inmigrantes para cubrir los puestos de trabajo vacantes, pero los republicanos han armado un discurso en el que tratan de identificarlos con la delincuencia.
El inminente fin de la medida ha tensado la frontera sur de Estados Unidos. Las autoridades de decenas de poblaciones que limitan con México han mantenido asambleas extraordinarias para prepararse ante un incremento en la llegada de migrantes. El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien lidera el ala más dura de los republicanos en política migratoria, ha informado esta semana de que movilizará a grupos especiales de la Guardia Nacional a 33 condados para contener el flujo, que podría llegar hasta a 18.000 cruces ilegales por día.
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Este jueves, los funcionarios han explicado que aunque la medida expire, Estados Unidos seguirá expulsando gente que llegue de forma ilegal basándose en el título 8, otra normativa que ha ayudado a regular la frontera a demócratas y republicanos desde hace décadas. Blinken y Mayorkas han recordado que el Gobierno de México ha aceptado recibir hasta 30.000 deportados cada mes. A diferencia del título 42, que permite volver a intentar el cruce con apenas consecuencias, una deportación bajo el título 8 impone castigos más severos como cinco años sin reingreso al país o el inicio de un proceso penal.
El título 42 ha facilitado la devolución de quienes cruzan la frontera sin permiso y son interceptados. Las expulsiones seguirán llevándose a cabo: “Las personas que entren en el país y que no establezcan una base legal para permanecer seguirán siendo debidamente expulsadas”, ha dicho un alto cargo del Gobierno. “No tenemos planes de detener familias, vamos a utilizar alternativas a la aprehensión”, especificó Mayorkas sobre un rumor que aseguraba que la Administración Biden utilizaría una táctica similar a la empleada por Trump.
El Gobierno de Biden ha ido adoptando diferentes acuerdos para facilitar la migración legal y, al tiempo, cerrar la puerta a los inmigrantes sin papeles. Un primer acuerdo para tramitar solicitudes de venezolanos se amplió y se extendió luego a los ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua gracias a un acuerdo con México anunciado a principios de año. Los funcionarios han dicho que estos acuerdos han auxiliado en la disminución de inmigrantes que llegan a la frontera. “Hemos visto un alto interés en estos procesos y una caída dramática de encuentros de estas nacionalidades en la frontera. Durante marzo de 2023 cayeron un 23% respecto al mismo periodo del año pasado”, ha señalado Mayorkas.
El modelo permite a personas radicadas en Estados Unidos presentar una solicitud en nombre de un ciudadano que entre en el país si demuestra que se cuenta con los medios de vida o el apoyo local necesario para subsistir, lo que facilita por ejemplo la reunificación familiar. La solicitud debía tramitarse antes de viajar a través de una aplicación de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés).
España y Canadá
Este jueves, Washington ha anunciado que el programa se aplicará también a ciudadanos de Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras. Además, las medidas se extienden aunque caduque el título 42 a los nacionales de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Cargos del Gobierno de Biden han recordado que Estados Unidos ha llegado además a acuerdos para que Canadá y España acojan algunos cupos de inmigrantes y que las nuevas medidas facilitarán que ese proceso continúe.
“Un planteamiento solo de fronteras no puede funcionar. Tenemos que trabajar codo con codo con nuestros socios regionales y eso es lo que estamos haciendo en el marco de la declaración de Los Ángeles”, firmada en la Cumbre de las Américas de junio del año pasado, ha insistido un alto cargo del Gobierno. “Como ya hemos dicho, vamos a establecer centros regionales de tramitación en países clave de la región para facilitar muchas más vías legales que antes. Estamos cooperando en iniciativas de lucha contra el contrabando con países como Panamá y Colombia. Se trata de un esfuerzo regional”, ha añadido.
“Hoy vamos a establecer centros regionales de procesamiento en Colombia y Guatemala, pero estamos en conversaciones con otros países de la región”, ha dicho un alto cargo. De momento se contará con oficinas ya existentes y el objetivo es que luego haya centros específicos dedicados solo a esta tarea.
En ellos se examinará si las personas que quieren emigrar a Estados Unidos cumplen los requisitos de los programas de asilo, laborales, de reunificación familiar o de otro tipo y qué alternativas tienen a su disposición. También se proporcionará información sobre las posibilidades de emigrar a Canadá o España, han explicado cargos del Gobierno, que han asegurado que habrá más detalles sobre su funcionamiento en las próximas semanas.
“Vemos esto como un enfoque regional en el que facilitaríamos a los inmigrantes que quieren venir a Estados Unidos o ir a otros países como España y Canadá, que puedan quedarse donde están. Pedir cita y acceder a un centro. Se trata de un paso histórico que nos hace mucha ilusión poder anunciar”, ha dicho el alto cargo.
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