Las masivas protestas vividas en Guatemala —que han incluido el incendio por parte de radicales de dependencias del edificio del Congreso— son un alarmante indicativo del hartazgo ciudadano ante la sistemática falta de respuestas políticas a las necesidades sociales desatendidas durante largo tiempo, unido a lo que se percibe como falta de voluntad de luchar contra la corrupción, cuando no abierta connivencia con esta.
El detonante de las protestas ha sido la tramitación del mayor presupuesto de la historia del país, por valor de unos 10.800 millones de euros, que suponía un aumento de casi el 25% respecto al año anterior y donde el endeudamiento masivo del Estado formaba parte de la estrategia para conseguir los fondos. Pero a pesar de este incremento de recursos, el texto preveía recortes en áreas clave como Educación, Sanidad o Justicia y escasa atención a otras partidas sociales. Según datos que maneja Unicef, el 49,8% de los niños guatemaltecos sufre desnutrición crónica, lo que hace de Guatemala el primer país de América Latina con este problema y el sexto del mundo. Los mismos datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social advierten que la incidencia de la pobreza en el país está en torno al 60%. Por el contrario, la partida presupuestaria destinada a las concesiones de construcción de infraestructuras al sector privado sí que era receptora de importantes fondos. Así, con un trasfondo permanente de escándalos, como el llamado “pacto de corruptos” —que permitía la impunidad práctica para algunos culpables de delitos relacionados con la corrupción, incluso con alguna ramificación en el narcotráfico—, unas cuentas públicas tan palmariamente injustas han sido la gota que ha colmado el vaso.
Va a hacer falta mucho más que la anunciada suspensión de la tramitación de los presupuestos para que las aguas vuelvan a su cauce, que no es otro que el de la institucionalidad democrática, la paz social y el progreso claro de todos los habitantes del país. Las gravísimas necesidades de Guatemala han sido por largo tiempo desatendidas, llegando a unos niveles de degradación inaceptables y obligando a una parte importante de la población a abandonar el país en busca de un futuro mejor. La responsabilidad es de las autoridades políticas que con su actitud, además, han fomentado una profunda desconfianza hacia las instituciones.
Lo sucedido en Guatemala es un caso extremo, pero no aislado. Desde hace tiempo se están produciendo estallidos sociales en la región ante una situación de injusticia sobre todo en la distribución de la riqueza que se vuelve intolerable para gran parte de la población, decepcionada ante la falta de esperanza de poder llevar una vida digna.
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