Por Raúl Martín del Campo y Eunice Rendón*
La pandemia ha visibilizado la desigualdad y las carencias de los servicios básicos, especialmente para los que menos tienen. Además, en nuestro país, el PIB sufrió una caída del 8.2 % en 2020. La OCDE y expertos consideran que la política fiscal puede ser una herramienta eficaz para atenuar los efectos económicos y sociales negativos de la COVID, sobre todo en Latinoamérica, caracterizada por tener seguros de desempleo débiles o inexistentes, elevados niveles de informalidad, baja recaudación fiscal y una creciente necesidad de ingresos para afrontar diversos retos.
En el caso de México, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a la cerveza y a las bebidas alcohólicas es ad valorem, basado en su precio de venta. Dicho impuesto, no ha logrado su propósito de desincentivar el consumo explosivo de alcohol, ni reducir su uso entre la población económicamente más vulnerable, niños, adolescentes, jóvenes y aquellos con mayor dependencia a estas sustancias. Tampoco ha conseguido una recaudación fiscal eficaz, además de que incentiva el contrabando, la falsificación del licor y la fabricación y consumo de productos con alto contenido de etanol y baja calidad, provocando afectaciones importantes en la salud de los mexicanos. Muchas de las bebidas que hoy son beneficiadas por este esquema, son aguardientes con alto contenido alcohólico que se presentan como destilados de agave, a pesar de que su composición es a base de caña y/o agua con alcohol y metanol, este último conocido por su uso como solvente o combustible.
Según la Organización Mundial de la Salud y su Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo de Alcohol, la medida más eficiente para reducir el consumo, en particular de los grupos vulnerados mencionados, consiste en establecer impuestos equivalentes a todas las bebidas alcohólicas, con base en el volumen de etanol por litro, es decir, bajo un esquema ad quantum. Por ello, la mayoría de los países miembros de la OCDE utilizan dicho esquema, siendo México una de las excepciones.
En materia de salud, preocupa la disponiblidad y acceso de bebidas alcohólicas para menores de edad. El consumo se da en edades cada vez más tempranas. De acuerdo con la OMS, el uso de alcohol en la población juvenil comienza entre los 12 y 14 años. Las malas prácticas y estrategias de mercadotecnia de la industria han hecho que bebidas como la cerveza se perciban como inofensivas. Los puestos callejeros y la venta ilegal de alcohol ha crecido exponencialmente en la Ciudad de México. Venden el litro de micheladas, vampiros, azulitos, rojitos y gomichelas a un precio de entre 25 y 50 pesos. Mezclan cerveza o alcohol de mala calidad con refrescos, bebidas energizantes, salsas condimentadas, cítricos, chile, azúcar y dulces de gominola; todo para contrarrestar el sabor del alcohol y atraer a un perfil poblacional cada vez más joven al consumo.
Derivado de su bajo costo, la cerveza representa el 75% del consumo total del alcohol en la región. De acuerdo con Euromonitor Internacional, Brasil, México y Colombia son los 3 países con mayor consumo de este producto por habitante. En México, la problemática se acentúa debido a que el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución, prevé que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones a la producción y consumo de cerveza, lo que imposibilita que las entidades federativas creen impuestos en la materia, no obstante que se trata de la bebida alcohólica más popular en el país. Derogar esa restricción podría beneficiar a la salud pública y coadyuvaría a reforzar las finanzas públicas de los gobiernos locales.
Es momento de que nuestra política tributaria cumpla con el propósito de reducir el consumo de productos nocivos para la salud. Hoy más que nunca, la crisis económica derivada de la pandemia, obliga a tomar decisiones que contribuyan a recaudar más sin aumentar impuestos, como propone la modernización del IEPS para bebidas alcohólicas. Según cálculos realizados por los expertos, bajo el esquema ad quantum podrían recaudarse más de 20 mil millones de pesos adicionales.
Finalmente, se requiere que la reforma a la ley considere que la recaudación sea destinada al sector salud, priorizando la prevención y atención de las adicciones y demás morbilidades ocasionadas por el consumo nocivo de alcohol. Asimismo, se debe hacer cumplir la normatividad existente para acotar la exposición física y mediática del alcohol a menores de edad de forma eficaz.
*Raúl Martín del Campo está adscrito al Instituto Nacional de Psiquiatría y Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU; Eunice Rendón es doctora en políticas públicas por Sciences-Po Paris, experta en seguridad, prevención y migración.
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